Sobre los datos y su interpretación

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España recoge en su web que la cooperación para el desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa. Y que estas son realizadas por organismos públicos y privados con el propósito de promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo que promueva la justicia y la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas. La cooperación se convierte en “garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales, pero también medios materiales, ingresos y riqueza, oportunidades, acceso a servicios de educación o salud, es poder expresarse en democracia y tener seguridad, poder vivir en un medio ambiente sano alrededor, y es también confianza y autoestima en el propio proyecto vital”.

La acción humanitaria, por otro lado, es el mecanismo de respuesta de los países donantes hacia países víctimas de alguna catástrofe o un conflicto bélico. Sus actuaciones se centran en la prevención de riesgos, la respuesta inmediata una vez producido el acontecimiento, el socorro a las víctimas, la rehabilitación y reconstrucción de los escenarios afectados, y la sensibilización de la población internacional para recabar fondos de ayuda.

En cualquiera de los dos casos, ningún país, ni por supuesto su ciudadanía, que con su esfuerzo y solidaridad han destinado esos fondos a construir un hospital, una escuela o un aeropuerto, se vean hechos añicos por bombardeos selectivos y/o indiscriminados.

El pasado 15 y 16 de enero se celebró en París el Foro Internacional sobre estadísticas de Inmigración (International Forum on Migration Statistics 2018). Allí se difundieron diversos materiales del recientemente creado Centro Global de Análisis de Datos de Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo analítico de McKinsey & Company, que difundió, entre otros materiales, un informe de diciembre de 2016 (Mckinsey Global Institute. Europe’s new refugees: a road map for better integration outcomes. December 1, 2016. McKinsey&Company) con un apartado sobre cómo mejorar los procedimientos de asilo y la gestión de la integración en cuatro áreas clave: el mercado de trabajo y su integración económica, la integración educativa, su integración en vivienda y salud, y su integración sociocultural y lingüística.

Resaltan en todas ellas algunas buenas prácticas en distintos países. Concretamente en el área de vivienda y salud, llama la atención que se recoja como buena práctica el caso de un millón de judíos rusos que emigraron a Israel entre 1989 y 2005, con lo que el gobierno israelí construyó viviendas a gran escala y subvencionadas, en áreas periféricas, que se ofrecieron a los migrantes a precios asequibles. Además, ofreció subsidios en efectivo e hipotecas subvencionadas, facilitando que el 75% de los migrantes rusos financiaran su propia vivienda en los cinco años posteriores al asentamiento en Israel.

Aparentemente podría parecer una buena práctica si no fuera porque es una política que ahonda en el sufrimiento de palestinos y palestinas, aumenta su diáspora y es precisamente la paralización de la extensión de los asentamientos una de las condiciones esenciales en cualquiera de los planes de paz conocidos hasta hoy. ¿Selecciona el Gobierno de Israel a los refugiados en función de persecución por motivos religiosos, y condena a otros a la exclusión y la apatridia por los mismos motivos?

Esta no es una buena práctica y me hace leer con cierta cautela este informe y otros similares. Solo espero que McKinsey & Company no sea la consultora que está asesorando a la Administración Trump en su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, ni a la Administración de Netanyahu en su llamamiento a desmantelar la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa), a la que acusa de ser antiisraelí.

Me gustaría sugerir a la comunidad internacional la vuelta a la esencia de la cooperación para el desarrollo, la acción humanitaria, el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional, los derechos humanos, el respeto a nuestros ecosistemas y la propia dignidad humana como esencia de una sociedad global.

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