De prostitutas y mujeres prostituidas

(Actualizado 01.10.2018)

Un estudio del Congreso de los Diputados en 2007 concluía que el 99% de la demanda de prostitución en España venía de los hombres. En 11 años quizás las cifras habrán variado, pero la proporción seguirá siendo absolutamente mayoritaria. Ellos demandan más sexo de pago que ellas y el rostro de la mal llamada profesión más antigua del mundo tiene rostro de mujer.

Aclarado este punto, hay que hacer la distinción entre la prostitución y la trata, dos cosas diferentes, pero que en España van de la mano. La primera es la que representa esa imagen que se ha vendido en el cine, la televisión, los medios y en la calle: la mujer empoderada que es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, que gana dinero, vive en buenas condiciones y puede entrar y salir del mundo de la noche cuando quiera. De haberlas, las hay. Pero el porcentaje de ellas es mínimo.

La trata, al contrario, representa a un porcentaje altísimo de mujeres que son prostituidas, explotadas hasta la saciedad, controladas física y mentalmente, maltratadas y destrozadas por la avaricia de sus captores. Según fuentes del Gobierno, la Administración y organismos internacionales, la cifra podría variar entre el 80% y el 99% de quienes trabajan en clubes de alterne, pisos, en la calle, etc., lo que es entendible dado el alto grado de oscuridad que envuelve al proxenetismo. Por eso mismo, quienes ofrecen estos datos reconocen también que son aproximaciones estimadas de la situación. Hay otras entidades que rebajan dicha prevalencia a 1 de cada 7 mujeres en el ámbito de la prostitución o la sitúan en torno al 30% –tal como nos ha hecho notar un atento lector alarmado ante la falta de rigurosidad de algunas afirmaciones de este artículo–, datos que estarían entre los más “conservadores” como dice el informe Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, elaborado por el Parlamento Europeo en 2014. El mismo documento recoge que algunos Estados ponen la cifra entre el 60% y el 90%.

Si bien es cierto que no existe un estudio científico que arroje un resultado claro, el baile de cifras entre el conservador 30% y el abrumador 99% se debe precisamente a las cualidades de un negocio que es muy difícil conocer. La duda se hace más persistente cuando el Instituto de la Mujer explica en su Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2009-2012 que, según estimaciones oficiales, el 90% de las mujeres que trabajan en clubes de alterne son extranjeras, cifras que también son puestas sobre la mesa por otros organismos nacionales e internacionales. Como la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que sostiene “De las 14.370 personas detectadas en situación de riesgo, se identificó a 1.082 víctimas (234 víctimas de trata y 848 de explotación sexual), destacando que más del 90% de las víctimas eran mujeres, siendo las nacionalidades predominantes la rumana, la china, la brasileña, la paraguaya, la rusa y la dominicana. El 95% eran extranjeras y de ellas el 40% se encontraban en situación irregular en España”.

Así mismo, el informe de la Fundación Tampep, titulado Sex work in Europe, aclara que “En los antiguos Estados miembros, un promedio de aproximadamente el 70% de todas las trabajadoras sexuales son migrantes, mientras que algunos países como Italia, España, Austria y Luxemburgo informan que los migrantes representan del 80% al 90% de la población trabajadora sexual, o entre el 60% y el 75% en Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, Grecia, Dinamarca y Noruega” (Throughout the old member states, an average of approximately 70% of all sex workers are migrants, while some countries such as Italy, Spain, Austria and Luxembourg report that migrants comprise 80% to 90% of the sex worker population, or 60% to 75% in Finland, the Netherlands, Belgium, Germany, France, Greece, Denmark and Norway). Es decir, que las cifras de mujeres migrantes ejerciendo la prostitución en Europa es altísima, fenómeno que no se puede pasar por alto a la hora de dibujar el panorama de la trata de personas con fines de explotación sexual, más cuando muchas de ellas están en situación irregular. ¿A qué se debe ese porcentaje? ¿Es todo un acto de voluntariedad por su parte abandonar sus países y ejercer la prostitución de forma tan abrumadora en otros “mercados” más llamativos?

Si seguimos la estela de quienes afirman que en España prostitución y trata van de la mano, sumado a la idea de la abrumadora mayoría de mujeres y niñas extranjeras (un buen puñado de ellas en situación irregular), y añadiendo el testimonio de un exproxeneta en el que afirma que el negocio de los clubes de alterne está precisamente en la explotación y no en el ejercicio libre, se podría concluir que en la realidad la proporción de trata de personas con fines de explotación sexual en España es más cercana a los datos sostenidos por el Instituto de la Mujer que a las cifras más conservadoras.

Casi todas ellas son mujeres y niñas que llegan al mundo de la prostitución a raíz del algún engaño: las hay directamente que vienen pensando en ser camareras, bailarinas o empleadas del hogar; las hay quienes dejan todo para irse con el hombre de sus sueños que han conocido en persona o por Internet y que les ofrece un mundo de posibilidades mejores que las suyas; o las hay que saben a qué vienen, pero que no tienen ni idea del régimen de esclavitud al que serán sometidas.

Esa es la realidad de las mujeres que satisfacen una demanda permanente de hombres, mayores y jóvenes, en todos los rincones del territorio español. Nos hemos dejado engañar durante mucho tiempo por las luces de neón y los cuentos de las cenicientas modernas. Tanto, que la legalización de la prostitución ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Lo extraño es que lo hace a la cola de otros Estados más modernos en los que la realidad ha demostrado ser poco prometedora para ellas, las mujeres a las que supuestamente se quiere favorecer con estas medidas.

Alemania y Holanda

La ley alemana de 2001, instaurada con la idea de ofrecer mayores beneficios para las mujeres que ejercían la prostitución, ha demostrado su incapacidad para conseguirlo. Las condiciones laborales no han mejorado, como tampoco lo han hecho las posibilidades de dejar la profesión ni los delitos asociados. Según la prensa alemana, “tan solo un 1% de las mujeres encuestadas dijo haber firmado un contrato de trabajo como prostituta”.

Un profesor de la Universidad de Heidelberg, con datos de 150 países y las dificultades que existen para obtenerlos, estableció una correlación directa entre la regulación de la prostitución y el aumento de la trata.

Holanda, por su parte, comenzó el camino de la regulación un año antes que Alemania. Su Barrio Rojo es famoso en el mundo entero y un gran reclamo turístico. Pero la historia no es precisamente positiva. Dos años después de la ley, apenas un 3% de las prostitutas habían legalizado su actividad. Las razones son varias, pero principalmente tienen que ver con el coste asociado al trámite administrativo y con el hecho de que, a pesar de la libertad jurídica, todavía las trabajadoras del sexo no son socialmente bien vistas.

Incluso el propio gobierno de los Países Bajos ha reconocido el fracaso de las medidas, ya que no se ha terminado con el abuso ni se ha disminuido la actividad ilegal de la explotación y la trata. De hecho, un informe del año pasado mostraba que la cifra de mujeres tratadas en Holanda iba en aumento y, sobre todo, son casos que no estaban bajo el radar de las fuerzas de seguridad ni de la Administración.

La legalización, al final, ha generado una corriente que ya existe en España: el ocultamiento de la explotación, la proliferación de pisos y espacios fuera de los lugares habituales, y el aumento de la precariedad para esas mujeres y niñas esclavizadas para atender a una demanda creciente y que atrae a un público masculino cada vez más joven.

El mito de la elección libre

Mucha tinta corre estos días en dos sentidos: el de la libertad de que las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que quieran y el que sitúa a la prostitución como una forma de violencia de género. “La prostitución es una institución social creada por y para los hombres”, aseveran desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige).

La libertad de ejercer la prostitución existe. Pero, volviendo a los primeros párrafos de este texto, corresponde a una proporción ínfima. Tal como sostenía un artículo publicado en El País en 2016, “Quienes defienden el modelo nórdico afirman que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente. Que no lo elige, sino que se ve obligada a ello. Bien por las redes de trata o explotación sexual, o bien empujada por la pobreza u otro tipo de desigualdad”.

El modelo nórdico al que hace mención dicho artículo es el que existe en Suecia, Francia, Canadá, Islandia e Irlanda del Norte, que se caracteriza por sancionar al “cliente”, es decir, castiga al prostituyente con la idea de que si se penaliza la demanda, la oferta disminuirá. Si bien la norma parece que da resultados, es verdad que tiene un peligro similar al anterior: esconde el negocio ilegal, precarizando todavía más la situación de las mujeres prostituidas, que deben atender en sitios sin ningún tipo de regulación ni control y en pésimas condiciones.

Violación y violencia

Volviendo a la idea de que prostitución y trata van de la mano, en España su magnitud es abrumadora. Hablábamos de una cifra de mujeres y niñas que podría representar al 80% de quienes la ejercen. ¿Solucionará algo la legalización? Lo más probable es que no, porque tenemos evidencias muy cerca en Europa de que la respuesta claramente no es satisfactoria en la práctica, pero en el papel y en el discurso político queda muy bien parecer un país avanzado.

Sin embargo, resulta curioso que se discuta legalizar una violación a los derechos humanos. ¿Responderíamos de la misma forma ante el intento de sindicalizar el trabajo infantil o la explotación de hombres, mujeres, niñas y niños en el sector agrícola o en otros ámbitos? Entonces la pregunta que surge de forma inevitable es ¿por qué nos parece bien que las y los trabajadoras sexuales busquen mejorar las condiciones de un trabajo que, en su gran mayoría, “emplea” a personas obligadas a ejercerlo?

Estamos de acuerdo en que el ejercicio libre de la prostitución –si es que realmente existe en libertad– debería estar regulado y protegido de alguna manera, recaudar impuestos y ofrecer garantías para quien decida ofrecerlo y demandarlo. Pero, qué hacemos con ese altísimo porcentaje de mujeres y niñas prostituidas –insisto en la idea de que es un problema con rostro de mujer y de ahí el uso del femenino– que no verán ninguna mejora en sus condiciones y serán explotadas, encima, con una autorización legal que lo único que hace es favorecer el negocio del proxenetismo y condenarlas a ellas a las peores vejaciones, sin disminuir en nada la política que rige el negocio de la trata: una deuda contraída que aumenta día a día, en condiciones lamentables, donde solo se lucran los dueños del negocio, mientras ellas serán desechadas cuando ya no cumplan con la legalidad de sus contratos temporales o cuando sus cuerpos no puedan seguir siendo exprimidos por una demanda exigente.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es considerada, desde el 1 de enero de 2018, como una forma de violencia de género. Y debemos entenderla, además, como una violación de los derechos humanos, que pasa por encima de los primeros seis artículos de la Declaración Universal de los DDHH, nada más comenzar su lectura. Y seguro que muchos más. La respuesta a la situación de España no puede ni debe ir en contra de estos dos principios. Por ello, la legalización no parece ser la mejor respuesta, no al menos tomada con ligereza.

Quizás la solución está en la legalidad, pero en el marco de una Ley Integral contra la Trata de Personas y una articulación efectiva entre los órganos de Gobierno, el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y todas aquellas organizaciones o individuos que trabajen para erradicar la lacra social de la explotación sexual de mujeres y niñas. Solo entonces deberíamos plantearnos seguir por ese camino. Pero hasta llegar allí nos queda un largo recorrido en el que no podemos quedarnos de brazos cruzados.

El camino debe comenzar por la necesaria educación de las generaciones actuales y futuras en derechos humanos, en igualdad y en convivencia social, con una evidente y necesaria perspectiva de género. Además, se debe luchar contra el proxenetismo y cualquier forma de explotación, acorralando al máximo el lucro directo o indirecto de actividades de este tipo.

Por otra parte, se debe erradicar el mito de la prostituta feliz, a la vez que habrá que evitar la revictimización social de las mujeres y niñas que han sido esclavizadas, principalmente, para goce y disfrute de los hombres, fomentando una relación asimétrica entre ellas y ellos que legitima una construcción patriarcal de la sociedad, modelo que debemos borrar si hablamos de un país que defiende la igualdad. ¿Vemos la paradoja en el discurso?

Acerca de Tomás Loyola Barberis 39 Articles
Periodista y editor, con 20 años de experiencia en medios de comunicación online

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