Salgamos de la Convención de la ONU

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

En las últimas semanas, se oyen insistentemente voces a favor de mantener la Educación Especial en centros separados de la vía ordinaria, incluso con ejemplos o discursos realmente inaceptables por radicales, poco fundamentados y falsos. También desde las administraciones se ha dado un paso atrás y se ha afirmado, en contra de lo antes dicho, que los centros de Educación Especial no se van a cerrar. No sé si en esto influye el que nos encontremos en campaña electoral y se piense que mantener la propuesta inicial con aseveraciones contrarias a esta postura pueden suponer una pérdida de votos por parte de algún sector, sin considerar que lo contrario supondrá, igualmente, pérdida de votos de otros sectores, más inclusivos, por cierto. En definitiva, parece que se apuesta oficialmente por mantener la doble vía de escolarización que nos reprochaba fuertemente el informe del pasado año del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Contra esos discursos disconformes con la educación inclusiva para toda la población, hay que recordar que en torno al 83% del alumnado con necesidades especiales ya se encuentra escolarizado por la vía ordinaria…, y parece que funciona. Queda, por tanto, un 17% pendiente de incorporarse a escuelas con toda la población, de manera que –como ya hemos sostenido en otras ocasiones– todos se relacionen, se conozcan, convivan en la diversidad como el modo más ético, democrático y justo de hacerlo.

Son numerosos los testimonios de personas involucradas directamente en estas situaciones, que corroboran el provecho de haber sido escolarizadas en la vía ordinaria, asegurando que, si no hubiera sido de este modo, nunca hubieran llegado a la posición en que se encuentran en la actualidad, tanto a nivel personal como laboral. Lo mismo ocurre con las familias: son mayoría las que luchan por conseguir esa escuela inclusiva que permita no separar a sus hijos en el momento de educarlos, llegando incluso a tribunales españoles e internacionales para conseguirlo.

Hay que suponer que, en las dos posiciones, opuestas por principio, todos desean lo mejor para sus hijos e hijas. Sobre todo, quienes defienden los centros de Educación Especial, imagino que creen que en la escuela ordinaria no van a recibir la atención específica que necesitan. Pero, evidentemente, no es eso lo que queremos los demás. Exigimos una escuela inclusiva con los medios necesarios, de todo tipo, para atender a cada alumno y alumna como precisen. Por supuesto. Lo cual requiere de un hacer planificado, riguroso, con agenda determinada e inversión adecuada a las previsiones que se realicen. Es decir, lo que estaba establecido en la propuesta de nueva Ley de Educación, en estos momentos paralizada y, al parecer, con intenciones de no cumplirse incluso en el caso de que, en su momento, se aprobara, a juzgar por las últimas declaraciones realizadas. Declaraciones que afectan no solo a nivel estatal, sino a algunas comunidades autónomas que han afirmado que los centros de Educación Especial continuarán.

Bien. Entonces lo que se plantea es decidir si vamos a cumplir la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) o no. A conciencia de que esta norma nos obliga por tres vías: como país perteneciente a la ONU, como Estado miembro de la Unión Europea –que aprobó también esta declaración–, y como adhesión particular de España, publicando su ratificación en el BOE de 21 de abril de 2008. Como todos sabemos, en tal Convención se da por supuesto la total incorporación del alumnado con discapacidad a la escuela ordinaria y, por tanto, ni se citan otros centros donde pueda estar escolarizado. Es sabido, también, que hay países en los que se cumple esta norma de forma total. En Canadá, por ejemplo, ni se concibe la posibilidad de separar a ningún niño para educarle.

El modo de socializar mejor y de que se produzca el conocimiento mutuo de todos los ciudadanos es a través de una escuela de calidad para todos y todas. Las familias exigen una sociedad inclusiva, pero parece que algunas quieren conseguirla separando durante los años de proceso educativo. Algo que resulta ciertamente paradójico: ¿sociedad inclusiva y educación excluyente? La pregunta es clara: si la inclusión no se hace en la escuela, ¿dónde la haremos? Luego viene el ejercicio de los demás derechos: al voto, a la maternidad, a la vida independiente…, pero antes es necesaria una educación compartida con toda la población.

Será cuestión de decidirse y dejar las cosas claras, para no confundir a nadie. El publicar o asumir normas para no cumplirlas es una mala educación y deriva en un nefasto modelo de sociedad, en la que no importa la legalidad vigente, porque no se cumple y no pasa nada. Las normas pueden cambiarse, pero no incumplirse. Así que, por propia coherencia como país y como sociedad, habrá que optar por continuar admitiendo como válida la Convención de la ONU o explicitar que nos separamos formalmente de su cumplimiento. Creo que sería muy saludable para todos el saber a qué atenernos y, desde luego y especialmente, para los centros y las personas afectadas directamente por esta normativa.

Esperemos una respuesta coherente por parte de los responsables de tomar esta decisión. Si se opta por la salida de la Convención (y el cambio de nuestra Ley de Educación, en el mismo sentido), seguiremos defendiendo nuestra postura, pero no exigiéndola de acuerdo con la legalidad vigente.

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