Orientación e Inspección, ¿sin formación inicial para su desempeño?

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

Como es sabido, para acceder a las convocatorias públicas de profesores de Educación Secundaria o las dirigidas a la Inspección de Educación, se requiere ser doctor, licenciado (graduado, ahora), arquitecto o ingeniero y haber superado el máster oficial que da acceso a la enseñanza, en el caso del profesorado. Para el acceso a la Inspección, dado que suele aparecer entre las condiciones previas el ejercicio docente (seis años, de modo general), los requisitos son similares. En ambos casos, un graduado de cualquier especialización en origen puede incorporarse al desempeño de las funciones de orientación o de inspección, después de superar la oposición correspondiente, como es lógico, en el caso de la función pública.

No obstante, mis dudas se plantean ante la formación inicial que tengan los profesionales que provienen de carreras diferentes a Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, ya que en el máster necesario para ejercer la docencia no se manejan conocimientos y prácticas imprescindibles para el ejercicio de calidad de estas dos profesiones específicas. Un profesional docente que posea una titulación de Física, Matemáticas, Biología, Farmacia, Arquitectura…, más el máster y la oposición, no creo que tenga la suficiente competencia inicial ni la experiencia necesaria como para realizar una evaluación psicopedagógica, un dictamen de escolarización, la intervención con familias, profesorado o alumnado en casos de acoso escolar, la orientación directa a los estudiantes en función de sus contextos y sus características singulares o las recomendaciones adecuadas para trabajar con alumnado que presente cualquier tipo de discapacidad, por poner algunos ejemplos relacionados con el quehacer habitual de los orientadores, sin citar otros muchos que, igualmente, requieren de conocimiento específico para abordar las tareas que tienen encomendadas. Y es lógico que les falte esta preparación, porque no la han recibido en ningún momento a lo largo de su carrera ni se les ha exigido para incorporarse a este puesto de trabajo.

Ahora bien, ante la sociedad en la que convivimos actualmente, diversa por principio, que se refleja en la población de los centros docentes, donde debe implementarse un modelo de educación inclusiva (por seguir con algunos casos concretos que ilustren mi inquietud), un profesional sin la formación amplia y profunda que necesita, ¿en base a qué emite un dictamen de escolarización? ¿Cómo puede generalizarse la educación inclusiva si se siguen derivando alumnos y alumnas a centros de educación especial cuando llegan de la primaria inclusiva? El dictamen, entiendo, debería indicar el centro ordinario en el que debe escolarizarse el alumno o alumna, detallando lo que necesita ese centro para atender apropiadamente al estudiante que llega. No pensar, sin más (por falta de competencia profesional), que a los centros, tal y como están, les resulta imposible responder a los requerimientos del alumno y que, por lo tanto, debe escolarizarse en un centro específico de educación especial. Así seguiremos teniendo ese 20% de alumnado separado de la población general y manteniendo la doble vía de escolarización de la que nos acusa la ONU en informes recientes. Es solo un ejemplo, pero no el único de numerosas situaciones que se presentan a los departamentos de Orientación y que precisan de una formación de calidad para responder adecuadamente a lo que se les exige por parte del resto de la comunidad educativa.

Conocimientos y experiencia

¿Quién debe dominar en un instituto conocimientos de psicología evolutiva o del aprendizaje, resiliencia, neurociencias, evaluación formativa, evaluación psicopedagógica, estrategias metodológicas…? El profesorado domina las materias curriculares, pero no estos saberes generales que son la base para una educación integral de la persona y que corresponden a un buen orientador.

Si revisamos la situación de la Inspección de Educación, el caso resulta similar. Las competencias necesarias para el ejercicio de la supervisión de forma eficaz y eficiente no se adquieren en un máster de Secundaria ni con el temario de la oposición. Tampoco siendo un buen docente. Son campos diferentes los que se deben dominar para llevar a cabo un buen desempeño de la función: organización de centros y aulas (espacios, agrupamientos, horarios…), evaluación institucional, diseño curricular, modelos educativos emergentes, recursos didácticos innovadores, legislación educativa nacional e internacional, educación comparada, realización de visitas de inspección… Las funciones de la supervisión pasan por el asesoramiento en estos campos, la mediación entre la Administración y los centros y sus comunidades educativas, la evaluación, el control… El inspector no puede ser especialista en todas las materias curriculares, y cada uno lo será en la que corresponda con su formación inicial específica, pudiendo contar, en su caso, con el asesoramiento preciso para resolver problemas relacionados con alguna de ellas, por parte del especialista idóneo. Pero, si no recibe la preparación añadida en las cuestiones que acabo de citar, difícilmente podrá cumplir su desempeño profesional ofreciendo respuestas válidas ante su trabajo diario, ni contar con la seguridad que requieren ciertas actuaciones, en muchos casos difíciles de resolver.

La educación actual es compleja y exigente y, precisamente por ello, requiere de profesionales muy bien formados para desempeñar los diferentes papeles que deben cubrirse en el amplio espectro educativo que abarca el sistema en su conjunto. Abogamos, por ello, por una formación especializada para orientadores e inspectores (máster o similar), como requisito para acceder a estas funciones.

No olvido que el dominio y perfeccionamiento en una profesión se adquiere con la práctica, por supuesto, ni el necesario primer año tutorizado en cualquiera de las profesiones “humanísticas”. Pero esto es objeto de estudio aparte.

En este caso, me he referido a dos ámbitos que me parecen cruciales por constituir factores de calidad de la educación, sin duda alguna, y que, si no se abordan con la suficiente profesionalidad, pueden llevar a cometer muchos errores en el avance cualitativo que todos deseamos para el sistema y que, además, repercuten directamente en la vida de muchas personas que dependen de sus decisiones para seguir adelante con la formación y la dignidad que se merecen.

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