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Dominique Marlet, directora de la unidad de Derechos Humanos y sindicales de docentes y personal de apoyo escolar en la Internacional de la Educación (EI, por sus siglas en inglés), una federación global de sindicatos de la educación que representa la voz de 32 millones de maestros y maestras, educadores, investigadores y docentes, en general, y otro personal vinculado a la educación en 170 países. Estuvo en Madrid en noviembre con motivo de la presentación de una investigación sobre el derecho a la educación y a la protección internacional de niñas y niños refugiados, apátridas, solicitantes de protección internacional, desplazados a la fuerza y migrantes, que han llevado a cabo la EI y la Federación estatal de enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO). Aprovechamos la ocasión para hablar con ella sobre el trabajo que realiza la organización a la que pertenece, así como sobre los desafíos inmediatos que la educación de las personas refugiadas presenta para Europa. Ante esto último fue tajante: “Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de acogerles y ofrecerles oportunidades de aprendizaje”. ¿Cuál es el trabajo que realiza la EI con esa magnitud de afiliados en 170 países? Hay una misión fundamental que enmarca nuestras acciones y es trabajar de forma conjunta con los sindicatos de educación de esos 170 países, por una educación de calidad, inclusiva y pública para todas las personas. Y en relación con la educación de niños y niñas refugiadas, las organizaciones sindicales de educación juegan un papel clave en cuanto a la formación del profesorado, y la inclusión de este alumnado y sus familias en nuestros sistemas educativos. ¿Puede darnos alguna información sobre la situación actual, educativa, de niños y niñas refugiadas? Recientes estudios académicos llevados a cabo por la Internacional de la Educación, en cinco países europeos (Alemania, Italia, Polonia, España y Suecia) para analizar la legislación nacional y la implementación de disposiciones educativas para niños y niñas, jóvenes y adultos refugiados muestran una abrumadora necesidad de garantizar los derechos educativos más allá de las fronteras. Las autoridades educativas han recurrido a soluciones ad hoc para enfrentar los desafíos inmediatos. Algunas medidas, con poco coste, han dado como resultado un aumento de la ratio alumno/profesor en el aula, segregación escolar, caminos educativos o trayectorias separadas para los refugiados, bajas expectativas para los y las estudiantes refugiadas, canales rápidos para la formación profesional, falta de puentes hacia la educación superior después de la edad de la educación obligatoria, disposiciones dispersas de la matrícula en la lengua materna, el uso de personal docente no cualificado, la precarización de los términos y condiciones del empleo del personal de educación. No olvidemos que los Estados, sus Gobiernos, deben cumplir con sus obligaciones internacionales para acoger y ofrecer oportunidades de aprendizaje a las personas refugiadas y recién llegadas en las mismas condiciones que a sus propios ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué han detectado las organizaciones sindicales que con la EI han realizado esta recogida de información? Los sindicatos de educación que han investigado lo que se está haciendo para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas refugiadas, informan sobre problemas relacionados con barreras legales y administrativas que impiden que los niños, niñas y jóvenes refugiados accedan a la educación, que hay personal educativo carente de habilidades o tiempo para tratar con niñas y niños refugiados, con una pedagogía inadecuada, que existe una falta de financiación y estructuras de aprendizaje adecuadas , la falta de participación de los padres y madres refugiadas y se ha detectado el aumento de la xenofobia, incluso en el ámbito escolar. Asimismo, nos informan que pocos Estados miembros han desarrollado planes integrales para promover el derecho a aprender y el derecho a enseñar a refugiados y migrantes, y España no es una excepción. ¿Puede la EI hacer algunas sugerencias a las administraciones educativas? Ahora, dos años después del primer gran desplazamiento de población hacia la Unión Europea, se pueden aprender algunas lecciones, en términos de buenas prácticas, procesables para ser implementadas por los Estados miembros, instituciones, organizaciones y partes interesadas locales pertinentes para promover la inclusión educativa, en particular, y favorecer la inclusión a través de la educación con el fin de fomentar un impacto social positivo y sostenible. Los Estados son responsables de proporcionar la acogida y ofrecer oportunidades de educación para todos los niños y niñas refugiados. La necesidad de educación aborda también el compromiso de los Estados miembros para educar a su ciudadanía sobre las realidades percibidas por las personas refugiadas, sobre la situación de los derechos humanos en los países de origen y tránsito, y sobre las obligaciones de los países como firmantes de convenciones y tratados de derechos humanos. Iniciativas muy interesantes han sido desarrolladas en España, por FE-CCOO en tres territorios: Euskadi, Cataluña y el País Valencià, de los que estamos recogiendo valoraciones muy positivas por parte del profesorado y de la comunidad educativa en general. Los sindicatos de la educación tienen un papel esencial que desempeñar para salvaguardar los derechos humanos y sindicales de las personas, independientemente de su condición, y en particular de los niños, niñas y estudiantes, pero también de los docentes, del personal de apoyo educativo, de los investigadores y los sindicalistas de la educación. Tienen un papel clave para ayudar a garantizar que el derecho a la educación llegue a las personas en movimiento, que esta educación sea inclusiva y que se reconozcan, valoren y recompensen las funciones de todo el personal implicado en esta tarea educativa con las personas desplazadas a la fuerza, refugiadas, con necesidad de protección internacional y migrantes. Ofrecer educación a las personas refugiadas es una oportunidad de aprendizaje para todos, ningún desafío. Education Internacional (EI) Education International, una organización que representa los intereses de todo el personal docente en el mundo, propone que la educación pública de calidad debe estar al alcance de todo el alumnado en todos los países, defendiendo la igualdad en la sociedad a través del combate del racismo, la xenofobia o la discriminación por razón de género, de orientación sexual, de origen social, étnico o racial. Además, promueve los intereses de quienes trabajan en el ámbito educativo, a la vez que ofrece asistencia en el desarrollo de organizaciones democráticas independientes que representen al profesorado, favoreciendo la interrelación entre ellas. Entre sus objetivos podemos encontrar: Fomentar la paz, la democracia, la justicia social y la igualdad mediante el desarrollo de la educación y a través del uso de la fuerza colectiva de docentes y profesionales del ámbito educativo. Promover el derecho a la educación para todos los seres humanos en el mundo, sin discriminación, a través del establecimiento y la protección de sistemas educativos e instituciones culturales abiertos, públicos y debidamente reglamentados, cuyos objetivos sean el desarrollo democrático, social, cultural y económico de la sociedad, así como el fomento de la participación activa y responsable de la ciudadanía. Trabajar para alcanzar las condiciones políticas, sociales y económicas para asegurar el derecho a la educación para todos y todas. Defender un concepto de educación orientado hacia la comprensión, la buena voluntad, la paz, la libertad y el respeto de la dignidad humana. Luchar contra toda forma de racismo, sea cualquiera la razón que lo origine, así como promover la ascensión de la mujer a puestos de liderazgo y su participación en la sociedad.

Mes: febrero 2018

“Los Estados son responsables de ofrecer educación para niñas y niños refugiados”