Manual de recortes

De aquellos polvos, estos lodos. La huelga educativa
Los años posteriores a la crisis eco­nómica iniciada el 2008 vinieron marca­dos por las medidas de austeridad impuestas en muchos países tras las recomendaciones de los organismos europeos, recortando el gasto social y la inversión en los servicios esenciales como la sanidad, la vivienda, el empleo y la educación.
En España el tijeretazo fue de dis­tinta intensidad según la Comunidad Autónoma; el recorte catalán fue pio­nero en el Estado, mientras que España recortaba en educación cuatro veces más que la UE, Cataluña daba una lec­ción magistral al Gobierno de cómo se debía gestionar el gasto público y lo hacía cinco veces más, aplicando las primeras reducciones salariales a sus funcionarios docentes como la supre­sión de las pagas, la conversión de los sexenios a nueve años y la eliminación de mejoras, enmarcadas en acuerdos sindicales que se habían logrado en las mesas de negociación, pero que con la excusa de la crisis el Govern no dudó en desactivar, con la promesa de devol­verlas en cuatro años.
Una década más tarde se mantie­nen estos recortes y hay una huelga en Cataluña para exigir el retorno de estas condiciones pactadas años atrás con los sindicatos y que todavía no hemos recuperado.
Los acuerdos sindicales que dan protección social a los trabajadores y mejoran sus condiciones profesionales son el factor de calidad más importante de la educación pública e influyen direc­tamente en medidas de equidad, como el incremento de plantillas en los cen­tros, la reducción de ratios o el aumento del personal de atención entre otras.
Sin embargo, lideramos la infrafi­nanciación educativa con el 3,6% PIB, muy por debajo de la media estatal, la misma inversión que tiene Albania y que teníamos hace 10 años, pero con 150.000 alumnos y alumnas más.
Cataluña desplegó su ley educativa (LEC) basada en la autonomía de ges­tión y de selección en los centros y ver­tebrada sobre el Servicio Público de Educación. Se definía un peculiar mo­delo educativo que introducía elemen­tos neoliberales y conservadores influyendo en la LOMCE y en desarro­llos normativos; el más destacado, el modelo de gestión empresarial que im­plantó Cataluña en la escuela pública, con normas que otorgaban nuevas fun­ciones al director o directora de selec­ción de personal —supuestamente para adecuar el personal al proyecto propio de cada centro– que permiten sortear el orden de las listas de interi­nos, vulnerando el acceso bajo los prin­cipios de igualdad, mérito y capacidad propios de la administración.
En términos educativos, este mo­delo ha sido un fracaso porque no ha habido ninguna mejora objetiva de la calidad académica, de rendimiento o de mejora de los datos del territorio res­pecto al resto que lo pueda avalar; en cambio sí que repercute negativamente en la calidad del trabajo con implicacio­nes directas sobre las personas, que pierden el puesto de trabajo, e indirec­tas sobre las que no pueden acceder a determinadas plazas siguiendo el orden de listas por estar ocupadas por perso­nas con números superiores de lista. Además, supone una regresión demo­crática de los órganos de participación, claustros y consejos escolares, al limitar la libertad de expresión de las personas ante el miedo a contradecir la dirección y perder la continuidad en el centro.
En este periodo la Consejería ex­pulsó a miles de docentes, estancó el crecimiento de la oferta pública mien­tras los jóvenes retornaban al sistema educativo y aprovechó para poner en práctica políticas, conniventes con las esferas de poder que tenían interés en hacer negocio con la educación y que no solamente consistieron en estancar la oferta pública, sino en hacer políticas de degradación de ésta que afectaron a su calidad, para que no fuera perci­bida por la sociedad como una opción de calidad, como los recortes en los servicios básicos, la supresión de las becas en infantil y la aplicación de tasas públicas a la Formación Profesional.

La administración al servicio de la empresa
La FP fue el laboratorio de pruebas para extender la privatización y la cul­tura empresarial en la educación como no se había hecho en ninguna otra etapa, a través de proyectos piloto y medidas flexibilizadoras, con la ayuda de abundante narrativa y retórica, con­solidada en normativas y orientaciones a los centros.
En 2012 la Consejería publicó una normativa sin precedentes que permitía que cualquier empresa con una plata­forma electrónica adecuada y profeso­rado pudiera impartir ciclos de FP a distancia con una ratio de 90 alumnos por aula. Textualmente suponía un avance en la libertad de enseñanza que ampliaba las posibilidades de elección de lalumnado yla oferta de los ciclos de grado medio no presenciales respon­den al interés general y eran suscepti­bles de formar parte del Servicio público de Educación, junto a los cen­tros sostenidos con fondos públicos.
El 2014 se endureció el acceso a la FP pública con la aplicación de las tasas al grado superior, que únicamente persisten hoy en Cataluña y Madrid. Las universidades públicas catalanas empezaron a ofertar FP el 2015, me­diante la fórmula de fundaciones, la más reciente la UPC este mismo año tras la concesión de la gestión del pri­mer centro integrado en la comunidad autónoma. En los años siguientes el alumnado en centros privados a distan­cia creció exponencialmente hasta el día de hoy en el que la mitad del alum­nado de FP online privada del estado está en Cataluña.
Entre el resto de medidas imple­mentadas destaca la importación del modelo alemán dual a propuesta de los organismos europeos basado en el aprendizaje en el trabajo, considerán­dolo la fórmula para mejorar las cifras de desempleo juvenil que entonces su­peraban con creces los niveles de los países vecinos, pero sin importar los mínimos de calidad del modelo alemán, como el contrato laboral o la participa­ción sindical en los convenios. No hu­biera sido posible sin la colaboración de ciertos partners empresariales “com­prometidos con la empleabilidad” de las personas y organizados en la Alianza por la FP Dual impulsada por la Funda­ción Bertelsmann, que aprovechando la sede en Barcelona, firmó los primeros convenios con la patronal Foment, el Ayuntamiento de Barcelona y el Depar­tament d’Ensenyament, con el que firmó dos convenios para impulsar la dual y su modelo de orientación educa­tiva en los centros de secundaria a cambio de promocionar la Alianza desde la administración.
Pero la corresponsabilidad de la empresa con la FP dual y convencional ha sido mucho menor que el márque­ting que ha hecho la administración educativa, incapaz de implantar un mo­delo de calidad fundamentado en el contrato laboral, teniendo esta opción y la competencia como han desarro­llado otras CCAA.
En el año 2015 Cataluña aprobaba su primera Ley de FP que ha ido des­plegando muy lentamente creando nuevas estructuras en el sistema y un sistema de gobernanza que integra de forma no paritaria a los sindicatos de clase y las patronales. La ley no contó con el apoyo de CCOO al considerar que no respondía a las cuestiones fun­damentales para que la FP superase las limitaciones y las desigualdades vigen­tes aún a día de hoy.
Con la entrada en el Govern d’Es­querra junto a Junts se intensificaban las campañas de publicidad triunfalistas en la educación y la FP, dedicando una cantidad ingente de recursos públicos para enmascarar los datos de alum­nado sin plaza pública de FP, inflar las cifras del alumnado en dual y obviar la existencia del abandono escolar en la FP. Con ”la legislatura de l’FP” se man­tienen las políticas de austeridad y apli­can medidas disfrazadas de ‘mejoras’ sin consenso con los sindicatos y la co­munidad educativa; la reciente reforma curricular impuesta mientras se prepa­raba la nueva ley orgánica de FP, anti­cipó la dualización de los currículos, aumenta las horas en la empresa y dis­minuye horas curriculares de módulos impartidos en el centro educativo fun­damentales para la formación íntegra de las personas trabajadoras como la Incorporación al Trabajo, un recorte de sesgo ideológico.

La nueva Ley de FP y la negociación colectiva, una oportunidad para mejorar la calidad de la FP
La nueva Ley de FP y la inyección presupuestaria con fondos propios y europeos nos brindan una excelente oportunidad para revertir los recortes y las desigualdades existentes en el sis­tema de FP. La ampliación de la oferta pública, la eliminación de las tasas pú­blicas, la regulación de becas trans­porte y la mejora de las condiciones profesionales y organizativas de los centros educativos en un contexto de integración de la oferta y de ampliación de servicios en los centros, como la acreditación permanente, justifican más que nunca la actualización del Acuerdo de FP que se firmó en 1999, en el marco de la mesa de negociación sin­dical y que introdujo mejoras en la cali­dad y la equidad de la educación profesional como la reducción de ratio mediante desdobles, las horas necesa­rias para realizar acreditación y la for­mación del profesorado que afecta directamente a la calidad de la FP.
Aunque el Departament saque pecho de sus políticas de inclusión y contra la segregación, éstas dejan al margen al alumnado más vulnerable, el que cursa FP. La actualización de este acuerdo reclamado por CCOO desde el 2015 debería incluir el personal de apoyo específico y los recursos nece­sarios para garantizar la inclusión y la accesibilidad universal en la FP y una Estrategia de Orientación para combatir el abandono escolar y la brecha de gé­nero que tienen determinadas familias profesionales.
En los próximos cursos veremos si la administración sigue legislando en beneficio de ciertos sectores económi­cos o en beneficio de la ciudadanía con políticas sociales.