Invertir en educación: un valor seguro

En educación también ha habido –y hay– hechos alternativos o postverdades. Algunas referidas a este asunto: las consecuencias de la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas. Es un hecho cierto que en la España centralista (o todavía centralizada, después de 1978) las diferencias en los indicadores educativos eran –desde el punto de vista territorial– muy importantes y, desde luego, mayores de lo que luego lo fueron y están siendo en un Estado autonómico. Sin irnos muy atrás, simplemente comparando las tasas netas de escolarización a los 2, 3, 16 y 17 años, entre 1991-1992 y 2014-2015, podemos ver cómo las diferencias entre CCAA se reducen fuertemente. Recordemos que en 1991 todavía el MEC conservaba las competencias sobre numerosas CCAA, situación que terminaba en 2001.

Así, en 2 años y en el curso 1991-1992, la tasa presentaba diferencias por CCAA tales, que el valor que alcanzaba en la más alta (21% en Cataluña), suponía 10 veces el que tenía en la más baja (no llegaba al 2% en Andalucía, Extremadura…). En 2014-2015 las diferencias se reducen a solo 4 veces: del 93% del País Vasco al 18% de Canarias. En los 3 años, las diferencias eran en 1991-1992 de 9 veces, y en 2014-2015 de 0,05, es decir, 5 puntos porcentuales sobre casi el 100% de escolarización. A los 16 años, las diferencias, en un contexto de incremento de esa tasa, se reducen a la mitad: en 1991-1992 en el País Vasco estaba escolarizado el 88% de los de 16 años, pero solo el 64% en Extremadura. En 2014-2015, salvo Baleares, todas están por encima del 90%, aunque el País Vasco llegue al 99,5%. Una reducción similar, aunque menor, se produce a los 17 años. También afecta con fuerza esta convergencia a los estudiantes universitarios.

La convergencia en la escolarización es consecuencia de un anterior e idéntico proceso en los resultados: en los titulados de la ESO, en la tasa de abandono educativo temprano, en la tasa bruta de población que supera la PAU, etc. Pero no estamos pintando una situación que no merezca una fuerte mejora: la reducción de las diferencias territoriales en el ejercicio del derecho a la educación avanza demasiado despacio, sin impulso político, y frenado por la crisis económica.

La crisis, en efecto, ha supuesto no solo un importante recorte en el gasto público educativo, sino uno mayor en su equidad: se han llevado la peor parte los programas más compensadores y, por el contrario, apenas han menguado o incluso han crecido los destinados a los grupos sociales más favorecidos (los conciertos o las llamadas ayudas o cheques, solo destinadas a quienes van a centros privados).

En 2009 los fondos destinados por las administraciones educativas a conciertos suponían el 17,2% del gasto público en educación no universitaria; en 2013, ya el 20%. Los fondos para conciertos se redujeron en 2013 (últimos datos), respecto a 2009 en un -1,9%, en parte debido a que los centros concertados perdieron en ese período un 0,5% en el porcentaje de escolarización de ese alumnado. Mientras tanto, el gasto por alumno de centros públicos se redujo en -22%, a pesar de que estos centros ganaron un 0,6% en ese período.

Esta reducción se dio especialmente en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid; donde menos se redujo fue en Andalucía, País Vasco y Extremadura, esta última con el mayor descenso de todas las CCAA, en el número –respecto de 2009– de quienes componen la población escolarizable (de 0 a 19 años). Esta población escolarizable, sin embargo, creció, entre 2009 y 2016, en el conjunto del país. Y estas mismas comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid…) son también las que más han recortado, en general, los presupuestos educativos entre 2009 y 2016.

A los poderes públicos les corresponde garantizar el ejercicio del derecho a la educación mediante una programación de la enseñanza en la que cuenten con la participación de los sectores implicados. Pero los gobiernos autonómicos usan la financiación educativa como un arma arrojadiza frente al Gobierno central a la hora de fijar criterios de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; y, sin embargo, no rinden cuentas a la población de sus territorios del uso que están dando a los recursos disponibles o de sus planes de futuro.

En líneas generales, la crisis se ha saldado, desde el conservador Gobierno central, con una reducción tan fuerte que podríamos llamarla supresión de las líneas de financiación con mayor valor de compensación educativa que había dejado el anterior Gobierno socialista: el Plan Educa2, las ayudas a la inversión en las enseñanzas postobligatorias, la financiación de los programas de apoyo para los alumnos con fracaso escolar (PROA), la ayuda para la implantación de nuevas tecnologías, etc. Estos fondos se daban en un contexto de cooperación territorial (entre el MEC y las CCAA) y se asignaban con un evidente criterio compensador, tratando así de romper con el principio en que se basaron las transferencias de las competencias: el coste de los servicios efectivos, con los que recibió más quien más tenía.

Las CCAA han financiado los nuevos puestos escolares derivados de la ampliación de los años de escolarización. Esta ampliación ha sido de derecho (posibilidad de estar hasta los 18 en la enseñanza obligatoria); o, de hecho: incremento en 2 y 3 años y en las enseñanzas postobligatorias, con la lógica reducción de la tasa de abandono educativo temprano (AET). Esta última reducción ha venido de la mano de una muy alta tasa de paro juvenil y no tanto de políticas educativas, desaprovechando así, en la mayoría de los casos, una oportunidad para consolidar esta reducción en la tasa de AET. Escasa presencia de la FP de Grado Medio y alta tasa de paro juvenil son los factores que alientan el AET.

La nueva financiación autonómica debe partir de las necesidades que hay en educación y de la compensación de las aún importantes diferencias territoriales en el acceso a la educación, pero avanzar hacia una mayor equidad es tarea de todos los gobiernos (central y territoriales) y no se dará sin una fuerte participación de la comunidad educativa. Si no queremos salir de esta crisis con mayor desigualdad, invertir en educación es un valor seguro.

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