Han pasado ya 25 años desde la publicación de la obra Fundamentos de supervisión educativa (La Muralla, 1993), en la que apareció mi capítulo acerca del tema que ahora vuelvo a abordar. Entonces tenía pleno sentido, en los comienzos de la aplicación de una significativa reforma en la educación española (LOGSE, 1990) y, por diferentes razones, continúa siendo de actualidad, a la vista de la evolución seguida por la implementación del sistema en las diferentes comunidades autónomas y del sesgo que en cada una de ellas va tomando, en función de la tendencia política que gobierna.
Esto trae a la actualidad la importancia de contar con un servicio de Inspección que pueda ejercer sus funciones con plena independencia del poder político, de manera que este disponga de información objetiva y fundamentada acerca del funcionamiento del sistema y, en consecuencia, se le facilite la toma de decisiones acertada en las situaciones diversas que se presentan cada día en el mundo de la educación. Visto desde esta perspectiva, parece claro que esta independencia resulta beneficiosa para el sistema, para el poder Ejecutivo, para los docentes en general y, por supuesto, para los profesionales de la supervisión.
En una sociedad democrática, la separación de funciones y poderes es fundamental para garantizar a los ciudadanos la implementación adecuada de las normas legales vigentes; de lo contrario, la normativa se interpreta y se aplica de acuerdo con la ideología de la persona nombrada por la Administración en cada momento. Y eso nos hace estar en manos de individuos particulares y no en manos de la ley, la que se cumple de diferentes formas según piensa el poder político del día o, incluso, los intereses de sus grupos de presión. Por otra parte, la ética es algo exigible en el desempeño de cualquier función y, cómo no, en el de la supervisión educativa, dada la trascendencia que deben tener sus consideraciones para alcanzar la calidad académica que se propone permanentemente y que debe ser objetivo de todos.
La posición del inspector en el conjunto del sistema es crítica: se sitúa entre la Administración y la escuela; el inspector no crea la norma, pero debe respetarla (igual que todos) y hacerla respetar, lo cual no implica dejar de analizarla e informar a quien corresponda sobre sus efectos, ya sean positivos o negativos. Su lealtad a la autoridad social debe ser plena (ya que representa a la mayoría de la población), pero siempre basada en la crítica constructiva y nunca en la indiferencia o en el acatamiento ciego cuando aparece algún problema. Renunciar a defender lo que se considera justo no es un derecho profesional, sino un cuestionable acto de dejación. Hay que buscar y encontrar la operatividad en el trabajo para lograr la eficacia del sistema, por lo cual los informes “comprometidos” son valiosísimos para tomar decisiones acertadas. Es bueno contar con diferentes puntos de vista, todos fundamentados, antes de decidir el sentido de una medida con repercusiones importantes para la población. Si la inspección escribe “al dictado” del que debe optar por una u otra vía, este no dispondrá de la información necesaria para hacerlo con objetividad y justicia, sino que solo contará con otro informe que respalde su actuación, aunque esta sea nefasta para la educación.
Si todas las actuaciones persiguen una meta, más aún lo hacen las educativas por su complejidad, extensión y duración. Existe la obligación de realizarlas, eligiendo adecuadamente la manera de llevarlas a cabo para regularlas, orientarlas y valorarlas. Este planteamiento es el coherente con la sociedad democrática, que propicia un ciudadano crítico y creativo, participante y cooperativo, lo cual atañe al ejercicio profesional y, por supuesto, también al de la supervisión. Por ello, su quehacer no debe nacer de la debilidad, el desconocimiento o el autoritarismo, ni de la “obediencia debida”, sino de la lealtad y la reflexión crítica, de la autonomía personal equilibrada y madura que el sujeto desarrolla para desenvolverse en su medio. Como afirma Campbell (1992): “… a partir de la civilización griega, en toda la historia de la tradición europea propiamente dicha, el ideal de la madurez no ha sido nunca la obediencia, que es más bien una virtud de la adolescencia. El ideal es el juicio crítico responsable y la decisión”. De otra manera, la inspección se convierte en ejecutora de simples y repetitivas acciones burocráticas que muchos otros podrían realizar, y ello sin menospreciar el riesgo que corre quien se atreve a decirle a los jefes que van desnudos por los pasillos del sistema, aunque se crean bien trajeados.
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