La educación ayuda a construir y asentar el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, el presente y el futuro, así como las conexiones con las causas y razones que han motivado las acciones humanas a lo largo de la historia. Además, el estudio de la Historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica.
Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La “memoria histórica democrática” es la recuperación de la verdad desde la memoria de la democracia republicana y los logros de justicia social, equidad y libertada que promovió, pero también desde la herida de las víctimas del golpe de estado fascista que truncó la incipiente democracia y desde los valores que defendió y sostuvo la resistencia antifranquista frente a la dictadura genocida franquista y que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos.
Pero las investigaciones que hemos realizado constatan que actualmente el alumnado español sigue sabiendo más del nazismo que del franquismo. De hecho, lo compruebo cuando voy con mi alumnado universitario a ver “El silencio de los otros”, ganador del Goya al mejor documental. Parte de mi alumnado comenta sistemáticamente al salir de la proyección: “nadie nos había explicado nada de esto”.
Esta “desmemoria” es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes, y además durante dos cursos (4º de Secundaria y 2º de Bachillerato) se dedica a la historia de España. Pero el profesorado explica que en cierta medida se “pasa de puntillas” por estos temas y el alumnado asegura que pocas veces se llega a ellos.
El olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella.
Parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que facilita la manipulación mediática y política, con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes como «reabrir viejas heridas», «revancha», «rencor», etc. y la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido neofascista como VOX.
Todo lleva a pensar a las y los expertos en historia que, si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos —y esto es más que probable— que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida.
Lo comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en la educación. A raíz de la producción y realización del documental “Los campos del silencio” dirigido por Eloina Terrón, sobre los presos republicanos en campos de concentración franquistas. Cuando grabamos en una clase de historia del Instituto de Secundaria Fabero del Bierzo (León), constatamos que el alumnado desconocía que había un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como “esclavos de Franco” para una empresa privada (Minas Moro) en la extracción de carbón en las minas del Bierzo.
Por eso nos decidimos a realizar una investigación en la que revisamos y analizamos los contenidos de los manuales escolares de Historia de España y en la que realizamos entrevistas a profesorado de Historia y a alumnado de estos cursos, donde hemos comprobado que la memoria histórica de aquel período permanece invisibilizada, ocultada e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan.
Perdura la teoría de la equidistancia, insistiendo reiteradamente en afirmar que hubo un “enfrentamiento fratricida”, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción de que “todos fuimos culpables” plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la “culpabilidad” se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. Equiparando al torturador y la víctima torturada. Como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero una democracia nunca es culpable de un golpe de estado y un gobierno democrático nunca es un bando.
Esta teoría de la equidistancia viene del “segundo franquismo”, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de “guerra entre españoles”. Las generaciones de la democracia hemos sido “educados” desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre los bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etc. Esto ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto el voto a un grupo político como VOX que ha restaurado en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia “sin complejos” del neofascismo en toda Europa.
Se obvian y silencian temas “tabú” como la incautación de bienes que dieron origen en muchos casos a las actuales grandes fortunas del IBEX 35; el papel no solo legitimador sino colaborador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo; la triple represión de las mujeres por ser «rojas» y defender la república democrática, por ser «libres» y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República y por ser «compañeras» o familia de republicanos; los responsables y partícipes directos en la represión; la colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora o el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica actuales.
Todo este “legado” tiene que ver con el hecho de que la transición se edificó sobre una “amnesia inducida”. La Ley de Amnistía de 1977 que amplió la amnistía a crímenes cometidos por la dictadura de Franco, fue una auténtica “ley de punto final” que renunció a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista. Esta transición sin ruptura, que hizo surgir la ‘legalidad democrática’ directamente del aparato legal franquista, no permitía una condena de éste sin poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria.
Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. De esta forma la memoria republicana fue excluida del imaginario colectivo, quedando su memoria proscrita al ámbito individual. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la “superación” del pasado.
Por eso, desde la educación debemos superar la ideología de la “reconciliación” y el “espíritu de la transición” y pasar a concebir la memoria histórica democrática como un derecho de ciudadanía y un derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición del fascismo.
Debemos evitar que la nueva Ley de Memoria Democrática acabe como las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas para introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículum escolar. Lo cierto es que, en muchas de ellas, no ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones y en otras se ha cercenado radicalmente, con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha.
Debemos presionar para que no se reduzcan los contenidos de la memoria histórica democrática a simples términos vagos, genéricos y ambiguos como establece la actual ley educativa LOMLOE en su disposición adicional cuadragésima primera a: “historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española”. Es increíble que la LOMLOE establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el holocausto judío, pero no el español, como lo denominó P. Preston.
Es más, en el Real Decreto de ESO aparece como saber básico el “Holocausto judío” pero en las 375 páginas restantes nada del “holocausto español”. No se nombra ni siquiera la dictadura, el franquismo, la represión, los maquis y la lucha antifranquista… Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva Educación Secundaria Obligatoria, por donde pasan prácticamente la totalidad de los jóvenes españoles. Solo se alude de forma genérica al término “memoria democrática” sin concretar absolutamente nada.
Es una irresponsabilidad institucional seguir blanqueando el memoricido escolar que alienta ese franquismo sociológico cuya expresión, en el crecimiento del actual neofascismo, ahora parece sorprendernos como si no hubiéramos estado tejiendo sus mimbres con el silencio y las omisiones intencionadas de la memoria histórica democrática en los currículums escolares de la LOGSE, LOE, LOMCE, y por desgracia en la actual LOMLOE.
Queremos dejar de ser una anomalía democrática, también en educación. Si un solo alumno o una alumna acaba el período de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. El deber de memoria ha sido plasmado en el Derecho Internacional y en los Derechos Humanos.
Como advierten los historiadores «La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado». No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva.
Por eso hay que educar con la memoria histórica democrática en el antifascismo en todas las materias y en todo espacio y tiempo escolar, al igual que educamos en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos. Sin concesiones ni medias tintas. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista.
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