Ariadna Mauri Folgado, Author at Innovamos

Grecia sigue sufriendo las consecuencias sociales derivadas de la crisis que ha experimentado durante la última década. Entre ellas se encuentra el deterioro de los servicios públicos, hasta tal punto que en los peores años de la crisis se llegó a alertar de inseguridad alimentaria entre los y las menores. La tasa de desempleo se sitúa en el 20,8% y el desempleo juvenil en el 39,5% –según datos de Amnistía Internacional–. Como resultado de la recesión y la austeridad, la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social entre 18 y 64 años ascendía en 2017 al 36,5%, en el caso de los ciudadanos griegos, y al 62,9%, en el caso de los extranjeros que residentes, como sostiene la Hellenic Statistical Authority. En medio de su lucha por salir de la crisis financiera, Grecia es receptor del flujo de personas migrantes que se dirigen hacia Europa, oleada que se incrementó especialmente el verano de 2015. Debido a ello, en especial a la gran cantidad de personas que llegaron desde las costas turcas, en marzo de 2016 se firmó el tratado EU-Turquía[1], el cual dejó a más de 60.000 personas migrantes atrapadas en Grecia, principalmente en las islas. En el transcurso de mi estancia en ese país he tenido la oportunidad de conocer a personas con historias de vida arduas. Si bien es cierto que comparten una realidad llena de situaciones extremas, huyendo de la pobreza y la falta de servicios básicos, de las guerras y la violencia, tendemos a cometer el error de englobar a todas ellas dentro de una misma categoría de “personas refugiadas”, término que se emplea indiscriminadamente, pero que tiene un significado legal determinado. No obstante, debe tenerse en cuenta que provienen de diversos países, con diferentes características culturales, es decir, no son un grupo homogéneo. Por lo tanto, su proceso de entendimiento e inclusión en la sociedad será desigual. En su travesía hacia Europa y ya en Grecia, corren el riesgo de ser víctimas de explotación, así como de contraer enfermedades debido a la escasez y saturación de los centros de recepción oficiales. Además, son víctimas de violencia tanto institucional como policial. He llegado a presenciar casos de menores con los papeles provisionales rotos por la policía, e incluso con los zapatos cortados para que no puedan correr. Es especialmente alarmante el número de menores que viajan solos –más vulnerables a las situaciones de explotación–, dato que Unicef estimaba en 3.500 en mayo de este año, con un total de 13.333 desde enero de 2016. No se debe ignorar que la mayoría de las personas que llegan a Grecia lo hacen arrastrando traumas a consecuencia de las situaciones extremas vividas y requieren de apoyo psicosocial. La inclusión es la clave para comenzar a gestionar la situación de las millones de personas migrantes y refugiadas en Europa. Negarles el acceso a ciertos derechos o recursos, como la residencia legal, el trabajo, la vivienda u otras prestaciones sociales, es excluirlos socialmente. Y eso tiene implicaciones a nivel social directamente relacionadas con la estigmatización. Educación para la inclusión La Unión Europea, en el Artículo 14 dedicado al Derecho a la educación, dice: “Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”. Y añade: “Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”. En referencia a la situación en Grecia me parece oportuno mencionar el Artículo 9PD 220/2007[2] donde se expone que: “los menores hijos de solicitantes de asilo y los solicitantes de asilo que son menores tienen acceso al sistema de educación bajo condiciones similares a las de los griegos por tanto tiempo como no haya pendiente una medida de derogación para ellos o sus padres”, y continúa diciendo que dicho acceso no debe posponerse más de tres meses desde la recepción de la solicitud. Tan solo se puede extender un año en caso de que se facilite educación lingüística específica en orden de facilitar el acceso al sistema. La realidad, según los datos más recientes publicados por Unicef en mayo de 2018, es que: En Grecia hay 22.500 niños y niñas migrantes y refugiadas. Estiman que entre las edades de 5-17 años, el 53% están escolarizados. El 90% de menores escolarizados se encuentran en el continente y el 10% en las islas (dato de diciembre de 2017). Existe una brecha de género, con un 58% de escolarización en el caso de los niños frente a un 42% en las niñas. Los menores migrantes y refugiados han perdido una media de 2,5 años de escolarización. Si se parte de la idea de que la escuela juega un papel fundamental en el proceso de socialización en la infancia, es decir, en la transmisión de información y habilidades que serán necesarias para ser un miembro adulto de la sociedad, además de normas, valores sociales e igualdad, debería ser una necesidad imperativa la inclusión gradual de los menores en el sistema educativo. La respuesta del gobierno de Grecia frente a esta situación ha sido diseñar programas especiales, como los de recepción y de clases preparatorias para la educación de refugiados. También, este año se anunció un programa piloto de cursos de griego, pero existen numerosas brechas en su implementación. A continuación, de las muchas causas por las cuales las tasas de escolarización no son más elevadas, mencionaré algunas que he podido observar por mí misma: en primer lugar las barreras del lenguaje, el estrés y el trauma derivan en una dificultad de concentración. Además, muchos se resisten a aprender griego porque su objetivo es seguir viajando o se encuentran a la espera de la reagrupación familiar en otros países de la UE. Como he podido comprobar, en algunos casos se muestran más receptivos a las clases de inglés o alemán organizadas por las ONG porque consideran que son idiomas más útiles que el griego. En el City Plaza[3], donde estuve haciendo voluntariado entre los meses de mayo y junio, se imparten clases de inglés y de alemán tanto a adultos como a menores. También se encuentran diferencias dependiendo de las nacionalidades. Esto se debe a las prioridades existentes en cuanto a la solicitud de asilo o de relocalización. En este caso, las familias consideran que sus hijas e hijos ya irán a la escuela cuando se haya normalizado su situación. Otro de los motivos es la dificultad a la hora de determinar la edad de los menores en ciertos casos. Como resultado, existen casos concretos donde se encuentran en clases que no reflejan su grupo de edad o sus necesidades educativas. Para terminar, el acceso a la escuela para los mayores de 15 años es limitado. Cuando estuve en Patras[4] la mayoría de las personas que vivían allí eran chicos menores de 25 años. Desde que empezaron sus travesías hacia Grecia, algunas que han durado años, no han seguido con su escolarización. Allí, la ONG Praksis se ocupa de dar servicio de protección y consulta legal, apoyo médico y psicológico, y también organiza actividades interculturales e imparte clases gratuitas de idiomas. [1] El acuerdo entre la Unión Europea tiene como objetivo tratar el flujo saturado de migrantes y solicitantes de asilo que viajan desde Turquía a las islas griegas, permitiendo a Grecia la deportación a Turquía de todos los migrantes irregulares que hayan llegado posteriormente a la fecha del tratado, marzo 2016. A cambio, los países miembros de la UE incrementaron la relocalización de refugiados sirios residentes en Turquía. Como objetivo claro, encontrar una manera de prevenir las llegadas ilegales a la UE. [2] Grecia: Decreto presidencial núm. 220 de 2007 sobre la transposición a la legislación griega de la Directiva 2003/9 / CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo. [3] El City Plaza es un hotel símbolo de la crisis griega, estuvo cerrado durante 10 años hasta que en Abril de 2016 fue ocupado para dar un hogar a más de 350 personas, familias de Afganistán, Iraq, Irán, Siria, Pakistán, etc. [4] Patras es la tercera ciudad más grande de Grecia. Su puerto es el segundo puerto más importante. Al estar situado en el lado occidental del país se trata de un lugar de destino para muchos refugiados tratando de llegar a Italia en los barcos. Allí estuve entre los meses de abril y mayo haciendo voluntariado con FoodKIND.