Acoso escolar: muchos protocolos y pocas respuestas

Ana Isabel Sanz | Psiquiatra. Directora de Instituto Ipsias

Cuando escribí la colaboración del mes pasado, no imaginaba que su publicación iba a coincidir exactamente con el suicidio de otro adolescente cuyo sufrimiento nadie había percibido hasta que tomó la drástica decisión de precipitarse por la ventana de su domicilio. Se trataba de un buen chico, un estudiante sin problemas académicos o de disciplina, “tímido”, que atravesaba algunas turbulencias emocionales (cambio de domicilio, una ruptura reciente de pareja, algún supuesto síntoma de autolesiones previas, una presunta tentativa suicida previa…). Habrá quien achaque a alguna de estas circunstancias su terrible opción. No obstante, Andrés ha dejado un testimonio incontestable para aquellos que desean correr cortinas de humo sobre una parte significativa de las raíces de su drama (que venía arrastrando durante un largo período). En su carta de despedida –escalofriante en su sinceridad– refleja con nitidez la principal fuente de su sufrimiento, aquella que parece haber quebrado definitivamente sus fuerzas:

“Tenía que aguantar seis horas [en el instituto] en las que poco a poco empezaba a tener más miedo y así fue mi último mes de vida […] ¿Creíste que tus palabras no me hacen daño? ¿Que tus bromas alguna vez me gustaron? ¿Que me cogieras mis cosas y no me las devolvieras me hacía gracia? Y yo digo, ‘¿qué hice para merecer eso?’ […] No lo entiendo. Todo el rato fui un chico que no molestó a nadie ni siquiera te molesté a ti […]. Sabía que estaba solo, que nadie me ayudaría […] Me daban ganas de llorar en el mismo instituto, pero me mantuve fuerte. Me di cuenta de que no podía más. Y me dije ‘¿tengo que estar así siempre?’ […] No vi futuro. Solo vi un oscuro agujero negro y ya no me enfocaba en mis estudios por culpa de él, porque me sentía perdido y de hecho ese día lo decidí […] ya estoy harto de tragar”.

La muerte de este alumno deja, como todos los suicidios, muchas preguntas en el aire. Aunque algunas peculiaridades del caso resultan especialmente impactantes:

  1. ¿Cómo pudo suceder que la familia ignorara por completo el estado psíquico por el que atravesaba su hijo?
  2. ¿Es posible que nadie diera importancia a la ausencia del alumno a las clases desde el 27 de marzo, es decir, tres días antes de su muerte?
  3. Si varios testigos han corroborado las agresiones verbales y físicas y la sustracción de objetos personales a Andrés por parte de un compañero y su pandilla, ¿cómo nadie dio la voz de alarma? ¿Les pareció a los responsables un asunto tan banal que no merecía ni una entrevista con el perjudicado?
  4. El protocolo de acoso no se puso en marcha en este caso. ¿Dónde está el umbral para que las personas responsables de un centro se den por aludidas y consideren significativas determinadas conductas violentas entre estudiantes?
  5. ¿Hasta qué punto seguimos confundiendo las conductas de acoso a escolares con “cosas de muchachos” o producto de la debilidad del acosado?

La Comunidad de Madrid, como la mayoría de las administraciones autonómicas, cuenta con mecanismos oficiales para prevenir y actuar contra la violencia entre escolares. En este caso, los responsables del centro consideraron que no existían indicios suficientes para poner en marcha la correspondiente secuencia de actuaciones; es más, en declaraciones a la prensa, ciertos responsables siguen defendiendo esta postura. Resulta cuanto menos sorprendente que en 2016 se produjera en el mismo centro otra muerte voluntaria de una adolescente que también fue víctima de acoso. Parece lógico plantearse que algo no funciona bien en la regulación de la convivencia de esa institución educativa ni en los mecanismos de prevención, detección e intervención de las conductas de hostigamiento y victimización entre compañeros.

Si se revisa el Protocolo de actuación ante al acoso escolar de la Comunidad de Madrid, encuentro dos aspectos que al menos deberían ser objeto de reconsideración. El primero, la propia definición de acoso escolar (Ver Reyzábal y Sanz: Resiliencia y acoso escolar. La fuerza de la educación. Madrid, La Muralla, 2014)[1]. En el documento oficial se establecen como requisitos la “intención de dañar”, “la reiteración” y “el desequilibrio de poder”. Según los psicólogos responsables de aplicar esta normativa en el caso de Andrés no se cumplía alguno de ellos. Yo me pregunto, ¿cuál? Nuevamente constato que las definiciones de acoso se tornan inoperantes si los listones para considerar que un criterio se verifica o no son subjetivos, y se basan en preconceptos y estereotipos por parte de quienes han de defender la integridad del estudiantado.

En este caso, no sé qué tapó los ojos y las bocas de compañeros y docentes cercanos frente a la reiteración en las vejaciones, los robos de objetos, las amenazas…, sufridas por Andrés. Tal vez –solo tal vez– la percepción de que este joven tenía “problemas” emocionales previos contribuyó implícitamente a justificar que fuera objeto de una violencia que no se debería al injusto abuso de otro, sino a su debilidad. Craso error. Ese hecho hubiera sido razón suficiente para considerarle objeto de especial supervisión y tutelaje.

El segundo aspecto que merecería revisarse en el citado protocolo de actuaciones es lo farragoso de las medidas que contempla. Dada la profusión de notificaciones, reuniones, deliberaciones, informes y otros eslabones burocráticos integrados en el procedimiento, muchos estudiantes y familias se verán obligados a esperar un tiempo que, en el mejor de los casos, dejará malos recuerdos y severas cicatrices al acosado, y en el peor, nos convocará a lamentar conjuntamente otra muerte de alguien que decidió no dar margen al lento deliberar de las instancias responsables de su integridad física y moral.

Tal vez la muerte de este joven haya agilizado la conciencia de las personas responsables del sistema educativo madrileño. Quisiera acabar esta dura pero necesaria reflexión con la noticia, en principio esperanzadora, de la aprobación del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se hace énfasis en la obligación de cualquier miembro de la comunidad educativa de comunicar a la instancia correspondiente la existencia de cualquier conducta que implique violencia o vulneración de los derechos de las y los estudiantes (artículo 5d de los deberes del alumnado y 8h de los del profesorado). En definitiva, la lucha más eficaz para acabar con el acoso es construir una convivencia basada en el respeto y que no tolere la complicidad activa o pasiva con cualquier manifestación de agresividad.


[1]    http://www.arcomuralla.com/upload/Indice%20resiliencia%20y%20acoso%20escolar.pdf

2 Comments

  1. Uns gran reflexión. Como enfocarlo, los protocolos no solucionan nada.
    Los compañeros se callan por miedo a represalias
    Los docentes y equipo directivo, se callan por que da mala imagen.

    • En efecto, el silencio cómplice o cobarde de compañeros u otros testigos constituye una de los principales perpetuadores del acoso. Por eso, las medidas que se adopten para apoyar que otros compañeros y compañeras «rompan el secreto» son una de las estrategias más valiosas para romper este terrible círculo de la violencia en los centros. Gracias por su comentario.

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