Requisitos necesarios para alcanzar un pacto educativo

Soraya Chapinal Merino | Presidenta de la Federación MRP Madrid y maestra de Formación Básica en UFIL Puerta Bonita

En febrero se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para debatir sobre un pacto educativo. Los grupos parlamentarios tendrán seis meses para elaborar un documento de bases que sirva como anteproyecto para una nueva ley que sustituya a la Lomce.

La normativa vigente permite un sistema educativo competitivo, seleccionando una élite con recursos económicos pensados para una sociedad capitalista y mercantilista, sometida a los intereses del poder, individualista y poco respetuosa con el medio ambiente. Una educación basada en el autoritarismo y en la instrucción del conocimiento, gestionada por o como una empresa, que busca una ciudadanía manipulable y sin actitud crítica.

El Art. 27, 1 y 2 de nuestra Constitución nos ofrece una base sólida para tener claro cuál es nuestro punto de partida: el derecho a la educación, con tres elementos clave: desarrollo pleno de la personalidad humana, el respeto a los principios democráticos de convivencia, y el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

El Estado tiene que respetar y garantizar que se cumplan los requisitos mínimos para que todo el alumnado, en todo su proceso educativo y a lo largo toda su vida, pueda construirse como seres humanos, para vivir y convivir, dentro de una sociedad democrática y buscando la justicia social.

Es difícil hablar de acuerdo educativo entre dos sistemas difíciles de complementarse. Optar por el instruccionismo intelectualista o por el holismo educativo. Los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) defienden una escuela basándose en los principios de este último, es decir bajo las múltiples interacciones que se dan en todo el proceso vital de una persona.

Como requisito fundamental para un pacto educativo es necesario:

  • Una escuela democrática con participación de las familias, involucradas en los proyectos, tanto en su proceso como en su gestión; sistemas que permitan escuchar la voz y la acción del alumnado, y hacerles partícipes de su aprendizaje, y equipos educativos implicados y estables que permitan la continuidad de proyectos.
  • Una escuela científica y crítica, que promueva aprender por aprender, que no sea solo para realizar pruebas y acumular datos memorísticos, que fomente la observación, la escucha, los tiempos y ritmos de la persona.
  • Una escuela pública y laica, con un respeto profundo a la libertad de conciencia, digno de un estado aconfesional.
  • Una escuela inclusiva que crece con las diferencias, con la heterogeneidad que caracteriza al ser humano, atendiendo a la diversidad, con los recursos necesarios para cubrir las necesidades individuales y colectivas, creando espacios que ayuden a la interrelación, fomentando la solidaridad necesaria para la convivencia y el respeto.
  • Una escuela gratuita, facilidades y accesibilidad para las becas, transporte, material, necesidades básicas, garantizando la escolarización de todo el alumnado y que, además, sea de calidad.
  • Una escuela coeducadora, sin distinciones de género, trabajando las emociones, respetando a la persona.
  • Una escuela ecológica, preocupada por el entorno cercano, por su barrio, por su ciudad, que utiliza recursos sostenibles, realizando acciones contra los cambios medioambientales provocados por el ser humano.
  • Una escuela pacifica, gestionando y aprendiendo de los conflictos, elaborando planes de convivencia consensuados con familias, alumnado y profesorado. Dando también importancia a las tutorías individuales y grupales, creando espacios de diálogo, realizando asambleas para valorar y emprender nuevos proyectos.
  • Una escuela enriquecedora que crece cada día, estableciendo mecanismos de evaluación tanto para el alumnado como al profesorado y al propio sistema, sin marcar diferencias ni rankings.

Sin duda, queda mucho por hacer. Es un debate largo y necesario. Por ello, desde octubre de 2014 se ha ido construyendo un gran acuerdo social y político con la participación de la comunidad escolar, colectivos sociales, interlocutores sociales y partidos políticos, en la elaboración de un Documento de bases para una nueva ley educativa.

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