Els primers catedràtics de conservatori del nostre segle

Víctor Pliego de Andrés | Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Varios lustros pasaron sin que se convocaran cátedras de conservatorio. Distintos elementos se conjuraron en su contra: la reforma perpetua, el marasmo normativo, la negligencia, el desinterés, la torpeza y algunas gotas mala leche. En 2014 se convocaron por fin, ¡tras 25 años!, los primeros procedimientos del siglo para acceder a las cátedras de conservatorio. Mientras tanto, la vieja España olímpica, alegre y optimista de los pelotazos, se ha transformado en el triste reino de la corrupción bajo el aliento de la crisis y las transferencias.

En este nuevo escenario autonómico, el Principado de Asturias fue el primero en ofrecer 43 cátedras, cuya resolución se ha retrasado por litigios, tropezones y demoras. En 2015, la Comunidad Valenciana sacó otras 122 plazas, otorgadas en medio de polémicas que envenenaron la iniciativa y que aún colean. Ambas convocatorias recibieron múltiples y variadas contestaciones, entreveradas con el odio visceral a la función pública que el neoliberalismo lleva difundiendo eficazmente desde la liquidación de los soviéticos. La imperdonable demora, los descuidos, la confusión y el desuso han enturbiado lo que debería haber sido una buena noticia.

Entre las numerosas críticas recibidas, que no enumero por falta de espacio, ninguna se ha referido abiertamente a la cuestión lingüística. Y es que, por primera vez en la historia, se ha impuesto como requisito imprescindible para ser catedrático de conservatorio “tener un certificado de valenciano” (el de catalán no vale, por cierto). Es una fatalidad que se asume con la misma impotencia que un nublado. Los requisitos son distintos en cada autonomía en este y otros muchos detalles.

Tras un largo bloqueo, el mérito principal e ineluctable de esta primera promoción será acreditar el correspondiente certificado de su lengua. Enhorabona als primers catedràtics de conservatori d’aquest segle XXI. Este certificado permitirá a los escogidos situarse delante en el escalafón, por encima de cualquier otro mérito artístico, laboral o administrativo. Puede ser legal, pero obviamente es injusto. Nada que objetar si fuera un cuerpo autonómico o local; pero, sin embargo, se trata un cuerpo estatal cuyos miembros pueden trabajar en cualquier comunidad donde obtengan plaza por concurso de traslados y donde coincidirán con otros colegas carentes de esa habilidad lingüística. Estamos lejos de ser una república federal y, tratándose de un cuerpo único, ¿no deberían ser iguales los requisitos de acceso?, ¿los baremos?, ¿los salarios?, ¿las condiciones de trabajo?

Sin entrar de momento en tales jardines, en mi modesta opinión, la defensa y promoción de la lengua sería más eficaz si se exigiera una vez obtenido el destino en Valencia o en cualquier otra comunidad con lengua propia, facilitando los medios y los tiempos necesarios para aprenderla de verdad, no solo para certificarla. Convertirla en elemento discriminatorio, en ardid burocrático, zancadilla y arma arrojadiza, solamente sirve para erosionar la justicia y la buena concordia. El malestar que socava la democracia se crece con esta y otras mil argucias parecidas. De estos polvos vendrán antes o después los oscuros lodos que ya asoman por el horizonte.

1 Comment

  1. No estoy de acuerdo con el planteamiento, Víctor. Nuestro Estado es plurilingüe y la Constitución defiende la especial protección de las lenguas cooficiales. El requisito lingüístico defiende los derechos lingüísticos de la ciudadanía y por tanto es exigible a las personas funcionarias del Estado.
    Quiero añadir dos aclaraciones a los comentarios sobre el requisito en el País Valencià:
    1) Sí que vale el título de competencia lingüística en català. Lo que sucede es que se debe tener también una capacitación administrativa propia de nuestra administración educativa.
    2) Las dinámicas de primero acceder a la función pública y luego dar formación chocan con el principio de garantizar los derechos lingüísticos. La forma de no discriminar a ninguna persona ciudadana del estado español es ofrecerle realizar la prueba de acreditación antes de iniciar la oposición (tal y como se hace con el “castellano para extranjeros” por ejemplo).

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