En peligro la atención a la diversidad

La Convención contra la Discriminación en el ámbito educativo (Unesco, 1960) establece en su artículo 4 una serie de acciones y principios que promueven “la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en la esfera educativa”, según la página web de la propia entidad. De hecho, el segundo apartado de este artículo en particular afirma que los países firmantes de esta convención se comprometen a “Asegurar que los estándares de educación sean equivalentes en todas las instituciones educativas públicas del mismo nivel, y que las condiciones relacionadas con la calidad de la educación proporcionada también sean equivalentes”.

Establecido este punto inicial, toca preguntarse: ¿están haciendo los deberes los Gobiernos respecto a esa premisa? ¿Se está asegurando un estándar de calidad en igualdad de condiciones para todo el alumnado? En suma, ¿se está teniendo en cuenta la atención a la diversidad en la asignación de recursos? El Informe curso escolar 2017/2018 de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras lo tiene muy claro. No, no se está cumpliendo.

“El gasto público realizado por el Ministerio de Educación es solo de un 5% del total del gasto público educativo, pero es fundamental por su valor compensador. Para muchas comunidades, esos fondos eran esenciales para atender la atención a la diversidad (…). En 2012, el MECD suprimió la inmensa mayoría de estos fondos. En 2015, destinó la mitad de lo que dedicaba en 2009 al conjunto del gasto público educativo para los niveles no universitarios; y, en el caso del destinado a los programas que se dedican preferentemente a la atención a la diversidad, en 2015 gastó solo un tercio (un 34,9%) de lo que dedicó en 2009. Todo un ejemplo de dejación de sus funciones y de apuesta por la inequidad”, sostiene la publicación del sindicato.

Así, el Ministerio de Educación, quien se supone que tiene “la responsabilidad constitucional de regular los aspectos básicos del derecho a la educación y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de este derecho”, según el documento de CCOO, es el que ha recortado las aportaciones que ha venido haciendo desde 2009: un 65% menos en Atención a la diversidad (de más de 205 millones de euros en 2009 hasta algo más de 71 millones en 2015); una reducción del 100% en Educación para Personas Adultas (de casi 6 millones de euros en 2009 a eliminar la partida en 2015); una reducción del 93,4% en el presupuesto de Educación Compensatoria, destinando apenas 4 millones en 2015; y la bajada a menos de la mitad de la partida en Servicios Complementarios y Actividades Extraescolares, de 140 millones en 2009 a casi 68 millones de euros en 2015.

¿Qué es la atención a la diversidad?

Según la Consejería de Educación de Cantabria, el concepto de atención a la diversidad se refiere al “conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo”.

Dentro del concepto de atención a la diversidad se incluye al alumnado con necesidades especiales, a personas con discapacidad, las partidas de becas comedor, la incorporación de subvenciones para rutas de transporte escolar, profesorado de apoyo, desdobles, la Educación para Personas Adultas y todos los aspectos básicos indispensables para ofrecer una educación integral, tal como se recoge en la normativa vigente.

Desde que comenzó la crisis, CCOO se ha venido manifestando en contra de las reducciones presupuestarias que han afectado a todos los sectores (Sanidad, Seguridad Social, Dependencia, etc.), especialmente al ámbito educativo. “El mayor recorte se da en educación compensatoria, destinada a los alumnos con dificultades: baja 116,5 millones, es decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones. Esta reducción baja la calidad de la educación pública y su contribución a la igualdad social y de género. La sustitución de comedores escolares por tarteras familiares, el recorte del transporte escolar o el cierre de colegios rurales aumentan directamente el trabajo doméstico, como también indirectamente inciden el aumento de las tasas, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, así como en la Formación Profesional y la Universidad”.

La Unión General de Trabajadores (UGT) también ha alertado sobre el tema, denunciando una reducción del “51% en el presupuesto estatal, y del 8,9% en las CCAA, destacando la Comunidad de Madrid, donde el recorte ha alcanzado el 29,3%, siendo el más alto del Estado”. A la vez, añaden que “mientras aumentaba el número de alumnos en enseñanzas de Régimen General, disminuía el número de profesionales destinados a su atención, el número de programas, de alumnado atendido y de aulas de enlace, entre otros recortes”.

Uno de los reclamos principales que se hacen desde CCOO es que los recortes en atención a la diversidad se llevan años produciendo, mientras que “el gasto en conciertos ya rebasó, en 2015, el nivel y cuantías de 2009; el total del gasto está aún (en 2015) 13,3 puntos porcentuales por debajo de lo gastado en 2009; y la red pública, en los cursos de la crisis, ha ganado peso en el conjunto de la escolarización”.

Recortes

Una de las áreas que se ha visto afectada por los recortes es precisamente aquella que incide en las medidas compensatorias, tales como becas, ayudas, “a los que buscan la mayor equidad, los que tienen la finalidad de atender la diversidad del alumnado, etc. Además, quien más ha reducido sus aportaciones a estos programas es quien más tenía que haber apostado por ellos: el Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad constitucional de regular los aspectos básicos del derecho a la educación y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de este derecho”, afirman desde CCOO.

Y es que estas medidas no solo afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, sino que están dirigidas a disminuir la desigualdad y a reducir nefastas consecuencias como el abandono escolar temprano y la exclusión social.

Sin embargo, el Informe curso escolar 2017/2018 de CCOO sostiene que “en el gasto, los recortes no han afectado a todas las partidas por igual, sino que han sido las más compensadoras, es decir, las destinadas a becas y ayudas, a la atención a la diversidad, etc., las más castigadas. Con ello se quiebra el principio de igualdad de oportunidades, negándosela a los que tienen que ejercer el derecho a la educación desde una situación socioeconómica más desventajosa”.

Otra de las puntualizaciones de la publicación es que los recortes no han afectado a todas las administraciones: central, local y autonómica. Dentro de estas últimas, las comunidades autónomas, si bien han reducido sus aportaciones a los programas de compensación, lo han hecho en menor medida que el Ministerio de Educación, siendo Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia “las que más han disminuido el gasto público educativo en los niveles previos a la Universidad”.

Acerca de Tomás Loyola Barberis 30 Articles
Periodista y editor, con 20 años de experiencia en medios de comunicación online

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