Estudio de cuotas y precios de los colegios concertados

Las organizaciones CEAPA y CICAE han presentado el estudio realizado por Garlic B2B Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados 2022-2023.

El estudio tiene como objetivo dar a conocer la información que los colegios privados concertados ofrecen a las familias cuando van a matricular a sus hijos e hijas: los precios que les ofertan y si estos se ajustan o no a la normativa que rige en esta materia, y por la que deben guiarse en su oferta los centros privados concertados.

Se centra en varios aspectos que consideramos de gran interés: transparencia en la información y documentación que se aporta a las familias; cuotas máximas y mínimas por comunidades autónomas, denominación y conceptos por los que se cobra; horarios de las actividades complementarias; voluntariedad en el cobro de cuotas; testeo de la voluntariedad; indicador de presión al cobro; carácter no lucrativo.

Las comunidades autónomas presentes en el Informe son Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón. El máximo y el mínimo respecto al cobro de la cuota oscila entre la cuota máxima, que se cobra en Cataluña y la cuota máxima que se cobra en Aragón.

En un análisis de la cuota mensual en estas Comunidades Autónomas, el Informe nos revela que

•  9 de cada 10 colegios concertados cobran una cuota base a las familias. En los casos de Cataluña y la Comunidad de Madrid es del 100%. De ellos, el 46%, es decir, uno de cada dos colegios, cobra cuotas de 100 euros o más a las familias.
•  La cuota más alta se cobra en Cataluña (180 euros) seguida de la Comunidad de Madrid y el País Vasco. En el otro extremo, están Aragón y Galicia con cuotas promedio por debajo de los 40 euros.
•  En España hay colegios concertados que NO cobran a las familias y otros que pueden llegar a cobrar 923 €.
• Muchos colegios aumentan año tras año su importe.

Es común a todas estas Comunidades Autónomas la deficiencia de transparencia en la comunicación que, la mayoría de los colegios analizados ofrece a las familias. En este sentido,

1. Un 44 % de los colegios no entrega ninguna hoja de precios a las familias.
2. Un 21% entrega una hoja de precios sin identificar el nombre del colegio, cuando en el resto de los materiales sí está identificado.
3. Un 8% de los colegios que entregan hoja de precios detallan todos los precios de las actividades y servicios, excepto de la cuota base.
4. Un 36 % no plantea los precios de manera espontánea en las entrevistas con las familias, deben ser ellas quienes pregunten por este aspecto en una visita.
5. Un 27% de los colegios no facilita a las familias información de precios de las etapas superiores.
6. Los colegios no siempre indican en la documentación que entregan con los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios, contenidos, si es el pago es voluntario o qué ocurre si no se paga, etc.
7. La accesibilidad a los colegios ha sido difícil en algunos casos, teniendo que llamar hasta en 10 ocasiones para que facilitaran la información de precios para la matriculación, y aun así no todos lo han hecho.
8. El 64% de los colegios no menciona el carácter no lucrativo de las cuotas. El concepto de no lucrativo se ha convertido en un argumento automatizado en casi todos los colegios, zanjando un requisito de la normativa.

Cuotas por etapas educativas

El estudio también recoge las variaciones de las cuotas según la etapa educativa, detectando un incremento medio en las etapas superiores. De nuevo las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid son las que incrementan de manera notable la cuota en estas últimas etapas.

¿Por qué conceptos cobran los colegios concertados?

Un 37% de los colegios utilizan la denominación CUOTA y el 39,32% que lo llaman APORTACIÓN no explican nada de lo que incluye, lo que dificulta a las familias la voluntariedad para elegir pagarla o no, especialmente en Cataluña.

Actividades complementarias de carácter permanente: un 19,32% denomina la cuota base como actividades complementarias y, dentro de estos, un 27% no da ningún detalle de su contenido.

Aportación: un 39% de los colegios denominan la cuota como aportación, donación o colaboración. Algunas aportaciones se realizan a entidades mercantiles, no a fundaciones. Existen aportaciones de carácter único y otras periódicas.

Proyecto Educativo: un 4 % de los colegios cobra una cuota por su proyecto educativo.

Voluntariedad de la cuota

En un 76 % de los colegios que cobran cuota identificamos que no existe voluntariedad en su pago, bien porque indiquen que es obligatoria o porque excluyen a los niños de las actividades que realizan dentro de esa cuota si no se abona. Tan solo 12 colegios de toda la muestra indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria. El 58 % indica que la cuota es obligatoria, llegando a un 90% en el País Vasco y un 89% en Cataluña.

El estudio detecta casos claros de discriminación donde el impago de la cuota implica exclusión del alumno. Estos centros manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no puede asistir a las actividades. A nivel nacional supone un 18 %, pero es una práctica muy habitual en el 31% de los colegios de la muestra de la Comunidad de Madrid, frente al resto de comunidades en la que es casi inexistente.

Las comunidades que más presionan a las familias para el cobro de la cuota son el País Vasco y Cataluña. La Comunidad de Madrid es, sin embargo, la comunidad en la que se concentra un mayor número de colegios en los niveles máximos de presión a las familias.

¿Qué se pierde el alumnado?

El estudio llama la atención de que las actividades complementarias de carácter estable que cubre la cuota voluntaria, en muchas ocasiones están relacionadas con asignaturas o materias curriculares como sucede, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. Se puede entender que existe un impacto negativo en el alumnado de las diferentes etapas educativo, también las superiores, al no participar en estas actividades a causa del impago de la cuota voluntaria.

Reacciones al Informe

Para algunos expertos y organizaciones sindicales, asociaciones y foros consultados, los centros privados concertados son empresas con deliberado ánimo de lucro. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda; por la inversión y el beneficio. Situando, en muchos casos, como el valor más importante, la rentabilidad económica por encima del derecho a una educación universal y gratuita. Por su parte, Escuelas Católicas en un comunicado hecho público lamentan la publicación por parte de CEAPA y CICAE de un Informe que consideran tendencioso y segado, que ataca a la enseñanza concertada: “un modelo educativo reconocido socialmente y elegido por millones de familias en nuestro país.”

Para un sector de la educación y de la sociedad española la libertad de enseñanza enmascara la creación de empresas por parte de inversores, y la elección de colegios, por parte de las familias que son los potenciales clientes, que no deja de ser un mecanismo de negocio con una alta carga de selección.

Denuncian que las cuantías de mensualidades extraordinarias no son voluntarias y no están al alcance de todas las familias. Lo que genera dos problemas: no son estas las que eligen lo colegios, sino los centros los que eligen al alumnado; y la libertad de elección de centros lleva aparejada la segregación social y económica. Para que estas circunstancias se hayan instalado en el sistema educativo, y sean aceptadas por un importante sector de la sociedad, el concierto educativo, ha pasado de ser una medida marcada por la necesidad en los años ochenta a pretender constituirse en un derecho defendido por familias; medios de comunicación; y el sector más conservador de la política española, con el principal partido de la oposición a la cabeza.

Por su parte, Escuelas Católicas ha hecho pública una nota de prensa ante el Informe presentado por CEAPA y CICAE, denunciando que es un ataque contra la privada concertada, toda vez que la primera defiende “la enseñanza pública, única y laica”; y la segunda “la enseñanza privada de pago”. Denuncia que “dicho informe estadístico no contiene los elementos objetivos básicos para demostrar fiabilidad”. Por otra parte, Escuelas Católicas explica que  “como hemos señalado en reiteradas ocasiones, nos oponemos a la existencia de cualquier cuota obligatoria por la impartición de la enseñanza objeto de concierto”.

Así mismo, denuncian la grave situación económica por la que atraviesan la mayoría de los centros concertados, “puesto que la mayoría de la cuantía del concierto percibida por la Administración no cubre ni el 50% de los gastos de funcionamiento de dichos centros.” Y detalla cómo “en los últimos informes sobre coste educativo (Departamento de Educación del País Vasco o Sindc de Greuges de Cataluña), se demuestra que la enseñanza concertada recibe menos de la mitad de la financiación que la enseñanza pública (3.500 frente a 9.000 en el caso del País Vasco). En la media nacional, el puesto escolar concertado cuesta a la Administración 2.900 euros frente a los 6.000 del puesto escolar de la enseñanza pública.”

Escuelas Católicas recuerda que “el derecho a la donación es un derecho reconocido en la Constitución Española y nace de la liberalidad de las personas físicas y jurídicas” por lo que las aportaciones voluntarias son perfectamente legales, y están “destinadas a un fin de interés general, como es la enseñanza.”

El Informe Ejecutivo y el Informe Completo se pueden descargar de la página web de CEAPA.

Redacción