Municipios y educación Bases para una planificación educativa en el medio rural

Si la educación es un servicio público de proximidad, como lo son la sanidad y los servicios sociales, parece lógico que la prestación de esos servicios esenciales sean competencia directa de las administraciones públicas más próximas a la ciudadanía.  Así se ha entendido y asumido en una amplia mayoría de países occidentales, especialmente en los nórdicos y anglosajones. En nuestro país, sin embargo, se produjo una fuerte y positiva descentralización hacia las comunidades autónomas, pero no hacia las entidades locales, por mucho que hace años en los foros políticos se hablase de una “segunda descentralización” que nunca ha llegado. Hoy en día tenemos un sistema educativo “cuasi federal”, con competencias autonómicas de desa­rrollo legislativo y ejecución en todos los niveles y grados, mientras los municipios, mancomunidades, comarcas, islas y provincias apenas disponen de competencias en materia educativa.

Las competencias de municipios, corporaciones o entidades locales en lo referente a las enseñanzas no universitarias vienen determinadas tanto en las últimas leyes orgánicas de educación (LOMLOE, D. Adic.15) como en la Ley de Bases de Régimen local (Ley 7/1985). En ese estrecho marco, un número creciente de municipios y entidades locales han asumido con diligencia y eficacia competencias (propias e “impropias”) que contribuyen a mejorar notablemente el servicio público en su ámbito de demarcación. Algunas de las posibles actuaciones municipales se basan en la colaboración y/o cooperación con la administración educativa autonómica en asuntos como la construcción de centros públicos, la facilitación administrativa de los procesos de escolarización, la programación de actividades extraescolares, la gestión de algunos servicios educativos, la ampliación de la oferta educativa en determinadas enseñanzas (0-3, EPA, Artísticas, Idiomas, etc.), la dotación de becas y ayudas al estudio, el enriquecimiento del currículo con el estudio del entorno próximo, etc.

Pero el campo de actuación de las entidades locales sigue siendo muy reducido y, además, viene condicionado por la dificultad de gran parte de los municipios, especialmente en el medio rural, para asumir siquiera las escasas competencias propias que legalmente tienen atribuidas. En primer lugar, porque una parte importante, sobre todo los más pequeños, carecen de recursos suficientes y sostenibles para implicarse más activamente en la ampliación y mejora del servicio educativo a sus vecinos y vecinas. En segundo término, porque se necesita un mínimo de estructura municipal para gestionar determinadas competencias. Es verdad que sin economía no hay autonomía, aunque también es cierto que, si se quiere, se puede hacer mucho en un campo tan amplio como el de la educación. Lo fundamental, voluntad política.

En ese sentido, si hay voluntad de entendimiento y se comparte una visión de futuro sobre el territorio, existe una posibilidad de cooperación entre administraciones (autonómica y local) de la que solo en contadas ocasiones se hace referencia al hablar de escuela rural. Es la planificación educativa, especialmente el diseño del mapa escolar, que se hace (o debería) para optimizar (y no para recortar) recursos con la intención de ofrecer más y mejor educación pública a quienes viven en el medio rural.

Un mapa escolar integral, integrado e integrador
En el medio rural de nuestro país la inmensa mayoría de los centros educativos son públicos, ya que la privada (casi toda confesional) hace años que cerró los colegios que tradicionalmente regentaba en pueblos pequeños. El mapa escolar del medio rural, por tanto, corresponde fundamentalmente a la enseñanza pública, lo que proporciona a las administraciones públicas autonomía total en la planificación de un servicio que de ellas directamente depende.

La planificación de centros de los niveles no universitarios tiene una gran incidencia en la vertebración del territorio. El diseño o configuración del mapa escolar puede contribuir positiva o negativamente en la organización y cohesión social de una zona o espacio determinado. La oferta de enseñanzas, las redes de transporte escolar y otros servicios educativos y la propia “fuerza” de la institución escolar como foco cultural son elementos, a veces determinantes, en el asentamiento de la población, los flujos demográficos o las relaciones sociales que se establecen en el ámbito local.

La apertura de escuelas infantiles, el cierre de escuelas o de unidades escolares, la configuración de colegios rurales agrupados o figuras semejantes, la definición de la red de transporte escolar, la creación de centros (EPA, idiomas, artísticas, etc.), la implantación de determinadas enseñanzas (ciclos FP, modalidades de bachillerato) en el instituto comarcal o la sectorialización de servicios educativos (centros de recursos, equipos psicopedagógicos, etc.) son ejemplos significativos de la incidencia de la planificación educativa en los planes estratégicos territoriales de una comunidad autónoma y viceversa.

Y no solo en el asentamiento de la población, vital en un medio rural despoblado, porque la planificación tiene una repercusión directa en la calidad y equidad del sistema educativo. Una deficiente red de centros y servicios condiciona la oferta de enseñanzas en un determinado territorio y se refleja en la dotación de plantillas, en la movilidad del personal y en la relación entre centros educativos. La alta inestabilidad del profesorado en el medio rural, las difíciles condiciones laborales en ciertos puestos de trabajo, la complejidad de muchas itinerancias, los largos tiempos de transporte diario del alumnado, los problemas de cupo a comienzo de curso o las dificultades para relacionarse entre colegios e institutos públicos de la misma comarca son, en buena medida, consecuencia de deficiencias de planificación.

Consecuentemente y aunque solo fuese para corregir errores, sería de desear que periódicamente se revisase la red de centros y servicios, compleja tarea a lo que suelen ser muy remisas las administraciones públicas. Pero hay que considerar que el mapa escolar debiera de ser un instrumento dinámico, sujeto a cambios ineludibles cada cierto tiempo. Por un lado, para ajustar la red de centros y servicios a los requerimientos que plantea cada reforma educativa. Y por otro, para modular la oferta educativa a las necesidades y expectativas de la población escolarizable.

En todo proceso de planificación hay determinados factores demográficos que deberían tenerse en cuenta: la movilidad natural (natalidad, sobre todo) de la población, su distribución en el territorio, la estructura de su pirámide de edades, los movimientos espaciales y la división sectorial de la población. También hay que considerar la configuración del territorio: los condicionantes físicos (orografía, clima), la geografía humana (actividades económicas, redes de transporte) y la estructura administrativa (comarcas, mancomunidades, etc.).

Con esas premisas de partida, municipios y entidades locales pueden cooperar estrechamente con la administración autonómica para sentar las bases de una red de centros que tenga como referencia de planificación la organización administrativa legalmente establecida o socialmente aceptada en cada comunidad autónoma. En una unidad territorial (comarca, distrito, mancomunidad, concejo, isla, etc.) se puede configurar un mapa escolar integral, integrado e integrador. Integral: con la totalidad de centros y servicios educativos en todos los niveles, independientemente de su dependencia. Integrado: con la adscripción de unos centros a otros y de estos con los servicios educativos. Integrador: con la conexión de centros y servicios educativos con el resto de servicios públicos.

Un mapa de estas características no puede ni debe realizarse únicamente desde los despachos oficiales. Para que sea socialmente aceptado necesita que haya sido elaborado, discutido y aprobado en distintos foros. Si existe un órgano de carácter político en el que están presentes los municipios afectados, consejo comarcal o semejante, ese es el escenario idóneo para que sus representantes se sienten en la mesa con la administración autonómica, última responsable de la planificación y gestión de la educación en su territorio. Además, parece de sentido común contar previamente con informes de los distintos sectores de la comunidad educativa, expresada a través de sus colectivos (sindicatos, asociaciones, etc.) sociales y de los consejos escolares de centro. Y trabajar, por supuesto, con los consejos escolares, con el consejo escolar autonómico y con el resto de territoriales. Los consejos escolares municipales y comarcales, como órganos plurales de participación, podrían tener un gran protagonismo en el medio rural, tanto en la configuración y actualización del mapa escolar como en el desarrollo y ejecución de las competencias que los municipios y otras entidades locales puedan y quieran asumir en materia educativa. ¡A ver!