Niños y niñas refugiadas en las aulas: una oportunidad más para aprender

“El derecho de las personas refugiadas a la educación y a la protección internacional están contemplados en el marco jurídico español. En la práctica, sin embargo, este reconocimiento formal contrasta con la ausencia de un marco legal y una infraestructura institucional específicamente orientados a identificar las necesidades de este colectivo y ofrecer una respuesta apropiada. No existen pues mecanismos que garanticen el cumplimiento y respeto a los derechos mencionados. Esta ausencia tiene efectos especialmente perniciosos para los refugiados y los solicitantes de asilo menores de edad, dado su mayor nivel de vulnerabilidad”.

Así de contundente comienza España: Esperanza en la diversidad, un informe de FECCOO y la Education International (EI), elaborado por Begoña López Cuesta, sobre la situación del alumnado refugiado e inmigrante en el que aborda la realidad de los niños y niñas con necesidad de protección internacional y la inmigración, las carencias a nivel administrativo y político, tanto desde el Gobierno central como desde las propias comunidades autónomas, y los desafíos que se presentan en el ámbito educativo.

El documento explica que, a pesar de que el derecho de asilo y protección subsidiaria están recogidos en la normativa española, en la práctica muestra grandes carencias en los procedimientos para la solicitud y acogida de menores de edad, que se analizan con el mismo baremo que para los adultos, siendo su situación mucho más compleja, y que no debe ser abordada de la misma forma. Así ha quedado demostrado en la atención a los menores extranjeros no acompañados (Menas) en Ceuta y Melilla, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad no solo por haber abandonado su país de origen, sino por las condiciones de abandono, hacinamiento y violencia que se viven en algunos centros de acogida temporal a personas inmigrantes, sobrecargados y con pocos recursos para hacer frente a la situación actual de las personas refugiadas.

Además, según el informe, de las 3.750 solicitudes de protección internacional presentadas por menores de edad en 2015, apenas se concedieron 389 (10,4% del total). De esas, una inmensa mayoría fueron concedidas como protección subsidiaria, es decir, que representa una negación del estatuto de refugiados, cuya cobertura y garantías son más amplias, sobre todo si desean salir fuera de España o ejercer su derecho a la reagrupación familiar. En 2016, a espera de las cifras oficiales del Gobierno, Eurostat afirma que la cifra de nuevas solicitudes se mantuvo estable (3.745), aunque no se sabe cuántas fueron admitidas y denegadas durante ese año.

Datos y cifras

La llegada de personas refugiadas a España se ha dado en un contexto de crisis, “de notable complejidad social, caracterizado por la relativa ausencia de una respuesta institucional capaz de afrontar este escenario”, sostiene el informe. A ello, se suma la tendencia al alza del riesgo de pobreza o exclusión social, que entre la población de 12 a 17 años se sitúa en el 40%. Dicha situación se ha visto potenciada por “los bajos niveles de inversión en políticas de equidad educativa, a pesar de ser considerada la inversión social más rentable”.

Los recortes –unos 10.000 millones de euros según cálculos de CCOO–  en educación, han afectado a las políticas y partidas presupuestarias de carácter compensatorio, “como las destinadas a becas y ayudas o aquellas orientadas a aumentar la igualdad de oportunidades”, tal como afirmó este año el Consejo Escolar del Estado.

Miguel Recio, director del IES Vega del Jarama, en Madrid, explica que “el Ministerio de Educación suprimió en 2012 la inmensa mayoría de fondos esenciales con los que las distintas comunidades autónomas llevaban a cabo la atención a la diversidad”, cifra que se redujo más de un 55% entre 2009 y 2012. De igual manera, las partidas destinadas a la compensación educativa –plantillas, profesorado de apoyo, departamentos de Orientación, profesionales especializados de atención a la diversidad, etc.– se han visto reducidas desde 2009.

Estos datos impactan directamente en todo el alumnado, pero los datos muestran que las y los estudiantes extranjeros son mucho más sensibles a estas medidas. Por ejemplo, el abandono escolar temprano llegó a ser el doble para el alumnado extranjero en 2013.

Educación con garantías

El principal desafío que tiene el sistema educativo español es ofrecer un espacio que disponga de las condiciones necesarias para que todo el alumnado tenga una escolarización exitosa. Pero no hemos sabido estar a la altura porque, si bien se han incorporado estudiantes provenientes de otros países, no siempre han alcanzado un nivel educativo satisfactorio. “El éxito educativo de los menores refugiados puede presentar dificultades considerables, exacerbadas por las experiencias personales potencialmente traumáticas experimentadas por muchos de ellos y ellas, y que requieren de una atención especial y los medios y recursos correspondientes”, sostiene el informe.

Según Miguel Recio, “la escolarización del alumnado refugiado no debería suponer ningún desafío extraordinario, en tanto que esta población representa aproximadamente un 0,1% de los más de 8 millones de escolares no universitarios que cada año inician curso en España. Así, la principal dificultad en este contexto reside en la falta de inversión en la partida de igualdad de oportunidades para atender a este perfil de alumnado”.

Las soluciones, explica Recio, serían favorecer la formación del profesorado de los centros en los cuales se va a escolarizar al alumnado extranjero, preparar y editar materiales didácticos y pedagógicos que permitan facilitar su incorporación al sistema educativo español, y la contratación de profesionales de apoyo y de compensatoria que “faciliten y hagan posible la incorporación exitosa del alumnado refugiado”.

Los principales problemas con los que se encuentra el alumnado refugiado, con una problemática bastante similar a la del migrante, son la falta de una red social en el país de acogida y, en la gran mayoría de los casos, el desconocimiento del idioma y de los códigos culturales. A ello se suma el impacto emocional de la situación que ha propiciado su traslado forzoso desde su país de origen.

Solo el hecho de atender a estas situaciones reafirma la necesidad de contar con distintos dispositivos: profesorado de apoyo para la acogida y acompañamiento; profesionales de apoyo (lenguaje, logopedia, pedagogía terapéutica, etc.) que se incorporen al aula; mediadores y mediadoras para facilitar la comunicación con las familias, etc. Y para ello es necesario contar con una acción coordinada entre todos los actores –Administración, agentes sociales, organizaciones y académicos– y también con un presupuesto suficiente para hacer frente a todas estas demandas para ofrecer con las garantías suficientes para la adecuada incorporación del alumnado inmigrante a nuestro sistema educativo.

“Estos retos ponen de manifiesto la necesidad de poner el foco en el sistema educativo y las políticas educativas que permitan crear las condiciones de una acogida digna y con garantías, y que pueden contribuir a mejorar la protección internacional y el derecho a la educación de estos menores”, concluye el informe.

Descarga el informe completo aquí.

Acerca de Tomás Loyola Barberis 28 Articles
Periodista y editor, con 20 años de experiencia en medios de comunicación online

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