La CEOE quiere influir más en la educación

Pío Maceda Granja | Maestro y patrono de Fundación Fideas

Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), acompañado de Íñigo Méndez de Vigo, presentó La educación importa. Libro Blanco de los empresarios españoles, donde se hace “una apuesta estratégica en favor de la educación y la formación en nuestro país, como medio privilegiado para el logro de más y mejor empleo, de un crecimiento sostenible y de una mayor cohesión social”.

En el documento hay elementos compartidos como la necesidad de un gran pacto o la de actualizar el currículo (otra cosa es cómo se concreten). Centraré este comentario en algunas propuestas que, de llevarse a efecto, limitarán aún más la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad.

En su diagnóstico subrayan la mediocridad de los resultados, la poca eficiencia del gasto educativo, la brecha entre formación y empleo, y la lentitud de la respuesta política… Sus propuestas se enmarcan en el ideario neoliberal: la libertad de elección de centro y la racionalización del gasto educativo.

Reiteran que la calidad del sistema educativo “no se consigue invirtiendo más, sino mejor” y que el gasto no es lo más importante en la obtención de resultados. Piden una actualización del sistema de conciertos y desgravaciones fiscales para la enseñanza obligatoria. Reivindican el “cheque escolar” para que lo inviertan en el centro elegido, todas medidas que apuestan por la privatización.

Sostienen que la herencia genética pesa más en el rendimiento escolar del alumnado que su entorno socioeconómico; tampoco valoran el nivel cultural de las familias, contradiciendo la mayoría de los estudios, incluido PISA. Esta filosofía les lleva a desentenderse de la compensación de desigualdades que el Gobierno del PP se ha encargado de desmantelar.

Rosell defiende que “debe alinearse el sistema educativo al mercado laboral para evitar frustración y el despilfarro”. Buscan superar la contradicción que destaca el Informe McKinsey sobre Educación y Empleo: el desempleo juvenil alcanza a muchos titulados, mientras hay escasez de personas con competencias que se ajusten a las necesidades del mercado laboral.

Para conseguirlo proponen, entre otras, potenciar la FP Dual y establecer “mecanismos de apoyo para una mayor implicación de las compañías, particularmente las pymes”.

Dicen de los departamentos de Orientación que no han conseguido ser una preocupación ni una actividad relevante, y proponen establecer un plan nacional “dirigido a padres de familia, estudiantes, profesores, empleadores y trabajadores que movilice los recursos (…) con el fin último de facilitar la transición de la formación al empleo…”.

En suma, trasladan la filosofía empresarial al mundo de la educación. La misma que subyace –más matizada– en el hecho de que la OCDE se ocupe de la evaluación a través de PISA, que valora la comprensión lectora y la capacidad de solucionar problemas de matemáticas y de ciencias, dejando de lado aspectos esenciales como el aprendizaje de unos valores compartidos, las enseñanzas artísticas, etc. Los gobiernos prefieren ignorar esas carencias y dirigen sus políticas a mejorar posiciones en el ranking de esa prueba. Los sindicatos, AMPA y MRP piden el boicot a las pruebas externas que solo sirven para fomentar la competencia entre centros, sin que se asignen recursos en función de las necesidades detectadas para mejorarlos.

Necesitamos crear antídotos contra este discurso privatizador y mercantil que comparte el Gobierno. Es bueno que el alumnado conozca el mundo de la empresa, pero este no debe limitar ni mandar en una educación que ha de estar al servicio del “pleno desarrollo de la personalidad humana”, como establece nuestra Constitución.

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