Educación inclusiva: la mejor para todos

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas emitió hace algo más de un año (el 25 de noviembre de 2016) una “Observación general” (la número 4) sobre el derecho a la educación inclusiva, a la vista de los procesos y los resultados obtenidos, tras diez años de la publicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Parece que los Estados parte no estamos cumpliendo todo lo necesario, todos los compromisos a los que nos adherimos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que España, en concreto, está obligada legalmente a su cumplimiento por tres vías expresas: la de Estado parte de la ONU, la de Estado miembro de la Unión Europea (que firmó este documento como tal: el primero que gozó de tal estatus) y la de su ratificación directa como país a la Convención (publicada en el BOE 21 de abril de 2008, pp. 20648-20659).

Parece, no obstante, que, a pesar de las buenas intenciones teóricas del conjunto de Estados, el Comité no está muy satisfecho con lo conseguido (dice expresamente que “está preocupado”) y con las perspectivas de futuro que percibe en el horizonte cercano, pues la Observación que comento insiste en poner los puntos sobre las íes en determinados aspectos que no se llevan a la práctica, como si no se estuviera convencido de la bondad del modelo inclusivo para la educación de las personas con discapacidad. Y yo me permito añadir: no solo para ellas, sino para el conjunto de la población escolar y de la sociedad en general.

Por este motivo, comento alguno de los aspectos que considero importantes para profundizar en la conveniencia de la educación con todos y para todos, a la que dedicaré algún artículo más en posteriores colaboraciones.

¿Por qué la educación inclusiva es el mejor modelo para la formación de todas las personas?

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que “solo la educación inclusiva puede ofrecer educación de calidad y desarrollo social a las personas con discapacidad, y una garantía de universalidad y no discriminación en el derecho a la educación”. Agrego: y no exclusivamente para ellas, sino para todas.

Si nos fijamos en las recomendaciones que propone el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para cumplir con la obligación de ofrecer educación gratuita y de calidad, el sistema educativo debe disponer de cuatro características interrelacionadas (apartados 21 a 26 de la “Observación”): disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

De modo breve, aclaremos el “interior” de estos términos y conceptos.

La disponibilidad supone que deberán existir suficientes instituciones educativas públicas y privadas, tanto en calidad como en cantidad. Así, habrá una amplia oferta de plazas en centros para el alumnado con discapacidad en cada uno de los niveles existentes.

La accesibilidad implica que las instituciones y los programas deberán ser asequibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Esto se traduce en que lo sean los planes de estudio, los materiales educativos, los métodos de enseñanza, los procedimientos de evaluación…, el transporte escolar, las instalaciones sanitarias y de ocio, etc. La exigencia de la implantación del diseño universal se hace imprescindible e inminente, lo cual no excluye que se proporcionen dispositivos, aplicaciones o programas informáticos de apoyo para el alumnado con discapacidad. Como es evidente, la accesibilidad es un concepto dinámico y, por lo tanto, requiere de la realización permanente de adaptaciones técnicas y normativas, al igual que de mecanismos de supervisión y calendarios para dotar de accesibilidad a todos los entornos. Como parece lógico, se deberá prohibir y sancionar la construcción de infraestructuras educativas no accesibles.

La aceptabilidad exige que todas las instalaciones, bienes y servicios relacionados con la educación se diseñen y utilicen teniendo plenamente en cuenta las necesidades, las culturas, las opiniones y los lenguajes de las personas con discapacidad. Tanto la forma como el fondo de la educación han de ser aceptables para todos, adoptando medidas para garantizar una enseñanza general de buena calidad. La inclusión y la calidad son recíprocas: un enfoque inclusivo contribuye a la calidad del aprendizaje.

La adaptabilidad, por último, demanda la generalización inmediata del enfoque de diseño universal para el aprendizaje, aplicando los tres principios básicos en torno a los cuales se estructurarán las acciones de los maestros y demás personal para crear entornos adaptables, respondiendo a las diversas necesidades del alumnado. Así se reconoce la singularidad del aprendizaje de cada estudiante, es decir, el desarrollo de formas flexibles de aprendizaje, creando un entorno participativo en las aulas; la existencia palpable de altas expectativas hacia todas y todos los estudiantes permitiendo diferentes modos de cumplir esas expectativas; la formación actualizada de los docentes, cambiando, en su caso, la concepción de sus propias estrategias metodológicas y, por fin,  la valoración de resultados de la enseñanza para todos, incluidas las personas con discapacidad. Será imprescindible, por tanto, sustituir las evaluaciones “normalizadas” por otras flexibles, continuas…, que reconozcan los progresos individuales y la consecución de los objetivos mediante itinerarios alternativos, nunca únicos como si de personas idénticas se tratara.

Estos principios, totalmente conocidos y reconocidos, ¿mejorarían la educación para todos o pueden resultar sospechosos para alguien (gobierno, grupo social, partido político, sindicato, claustro docente, directivos, familias…) en cuanto a los beneficios que, evidentemente, proporcionarían a la población que se educa? ¿A qué estamos esperando para aplicarlos?

Creo que los requisitos que se piden para educar a las personas con discapacidad son positivos para el conjunto del alumnado, pues favorecen la personalización educativa y, en consecuencia, la adecuación del sistema al alumno, sin reclamar siempre la del alumno al sistema. El camino es claro. Habrá que tomar las decisiones necesarias a todos los niveles (algunas se pueden adoptar ya mismo, en las escuelas y en las aulas) para generalizar la educación inclusiva.

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