Efectos nocivos de la inestabilidad de las plantillas docentes

“Si en enero de 2010, justo antes de iniciarse los primeros recortes, había en el sistema 513.464 docentes contratados, en enero de 2017 (últimos datos publicados) la educación pública contaba con 499.881”, sentencia el Informe curso escolar 2017/2018 de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO).

En este último análisis del contenido de este documento presentado por el sindicato y que hemos venido comentando en las tres ediciones anteriores de esta revista, hablaremos de los efectos de la crisis y de los recortes en las plantillas docentes que han repercutido en la no recuperación del empleo y en el aumento de la temporalidad, dos efectos nocivos para cualquier proyecto educativo de centro.

Tal como sostienen desde FECCOO, “desde enero de 2010 hasta enero de 2017, se han perdido en la educación pública no universitaria 13.583 puestos de trabajo docente según datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (Minhafp)”, para continuar afirmando que “esta pérdida es mayor si tenemos en consideración el aumento de las jornadas parciales, que es de 18.424”.

Según las cifras presentadas por Comisiones Obreras, la tasa de interinidad entre las y los profesionales de la educación ha pasado de un 15,81% en 2011 a situarse por encima del 26% en 2017, un dato muy lejano de los porcentajes ideales que los expertos sitúan entre el 8% y el 10%.

“En total, respecto a 2011 se han destruido 56.272 empleos docentes fijos, un 13,21% de la plantilla funcionaria. Durante el mismo periodo, el personal temporal ha aumentado en 49.981 personas, un 62,44% respecto a 2011. La realidad es que las plantillas de profesorado tienen condiciones laborales más precarias y sufren mayor temporalidad. El Ministerio de Educación tiene registrados 35.775 contratos a jornada parcial, que en muchos casos pueden ser de un cuarto de jornada”, analiza el informe de FECCOO.

Si nos atenemos a los datos que pone sobre la mesa el Informe curso escolar 2017/2018, en enero de 2010 –poco antes de comenzar los primeros recortes en educación– había 513.464 docentes contratados, mientras que 6 años después, en enero de 2017, la educación pública contaba solamente con 499.881.

“La reducción del número de docentes ha venido acompañada de una llamativa destrucción de empleo fijo (funcionariado de carrera), a razón de unos 10.000 profesores y profesoras al año desde 2013. Respecto a 2016, en enero de 2017 se perdieron 11.400 puestos fijos, superando la cifra registrada en los cuatro años anteriores”, afirman desde CCOO.

Todo lo anterior, sumado a las limitaciones de la tasa de reposición en las distintas convocatorias de las plazas para acceder a la función pública docente, han generado una situación crítica que tiene como resultado el aumento de la temporalidad y la gran dificultad de los centros para organizarse y para consolidar o poner en marcha sus proyectos educativos.

La enseñanza privada, por su parte, ha tenido una evolución positiva durante los años de crisis. Según se puede desprender del informe Datos y cifras 2015-2016, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), el número de docentes aumentó en 11.256 profesionales. Si bien el dato es altamente llamativo, según CCOO “este colectivo sufre un notable deterioro de sus condiciones laborales, con mayor temporalidad, precariedad y devaluación salarial”, al igual que ocurre con el profesorado de la pública.

Quien tampoco sale bien parado del análisis más detallado es el Personal de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), ya que en promedio tiene una tasa de temporalidad de un 35%, superando el 40% y el 50% en algunos territorios.

Dado este panorama, FECCOO hacía un llamado entonces a recuperar el diálogo entre el Gobierno y la comunidad educativa para revertir esta situación, voz que cobra aún más fuerza con los cambios políticos de las últimas semanas y que, a cierre de esta edición, todavía no tenían respuesta desde el Ejecutivo.

Efectos nocivos

El informe de STECyL-i/STEs-i, Pérdida de empleo, precariedad e inestabilidad. El empleo docente en las Enseñanzas Escolares (EERRGG, EERREE y EPA) durante la crisis. Cursos 2009-2010 al 2012-2013. Avance resultados curso 2013-2014, no solo recoge los datos por comunidades autónomas, sino que da buena cuenta de los efectos nocivos que esta situación plantea para el sistema educativo. “Los recortes de docentes, la temporalidad y la precariedad, unidos a las plantillas inestables en los centros de enseñanza pública son un cóctel explosivo para la tan cacareada calidad de la enseñanza. Menos docentes, más empleo interino temporal y precario, más plantillas  inestables en los centros educativos, conducen en último término a un progresivo deterioro de la calidad de la enseñanza, de no lograr frenar estas políticas”, concluye.

En tanto, la Federación de Enseñanza de CCOO propone que “la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público en marzo de 2017 abre la posibilidad de estabilizar y consolidar las plantillas. Para que esto se haga efectivo tiene que activarse la negociación colectiva por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [ahora Ministerio de Educación en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez]. Según las estimaciones de CCOO, el cumplimiento del acuerdo llevaría a convocar una oferta de empleo público docente de 151.227 plazas para reducir el personal temporal al 8%, a la que habría que sumarse la correspondiente al Personal de apoyo en centros educativos y de servicios complementarios”.

Y hablando precisamente de los desafíos del nuevo Ejecutivo y de la titular de Educación, Isabel Celaá, el llamado que se hace desde las agrupaciones sindicales es precisamente el de abrir nuevamente las vías de diálogo entre el Gobierno y la comunidad educativa para intentar revertir lo antes posible los efectos nocivos que los recortes y la implantación de la Lomce han tenido.

La educación que queremos

Hace pocos días, la Plataforma por la Escuela Pública ha recordado a Sánchez los compromisos que adquirió el PSOE antes de llegar a La Moncloa, cuando dieron su respaldo al documento La educación que queremos, entre los cuales podemos encontrar la garantía de la equidad, entender la educación como un derecho y conseguir una financiación adecuada que lo garantice; pero que también incluye otros aspectos como el impulso de la inclusión, la atención a la diversidad, la coeducación y la exigencia de una escuela laica, participativa y democrática, entre otros, como la soñada estabilidad de las políticas educativas.

“La situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete años precisa de nuevas políticas educativas y sociales. Para fortalecer el contenido de un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa”, traza el acuerdo de distintas organizaciones en representación de alumnado, profesorado, organizaciones sindicales, asociaciones de madres y padres, entre otras, que fue presentado en febrero de este año.

Asimismo, dicha plataforma ha instado al nuevo Gobierno a asumir su compromiso de derogación de la Lomce o, como sostuvo el secretario general de FECCOO, Francisco García Suarez, “las partes que son orgánicas tienen que pasar por el Parlamento, pero las que no son se pueden modificar por otros mecanismos”.

Acerca de Tomás Loyola Barberis 39 Articles
Periodista y editor, con 20 años de experiencia en medios de comunicación online

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