El derecho a la educación y a la inmigración

El fenómeno de la inmigración se ha convertido en el epicentro del debate político en el mundo occidental. Tanto es así que muchos historiadores y politólogos no dudan en calificar al siglo XXI como la “era de la inmigración”. A pesar de que la inmigración ha sido consustancial al desarrollo de la especie humana durante toda su historia, el cambio cuantitativo, y en especial cualitativo, experimentado como consecuencia del nuevo contexto político y social marcado por la globalización, ha supuesto una irrupción brutal en todos los ámbitos de la “ordenada” civilización democrática, que aún no hemos sido capaces de asimilar.

No solo hablamos de cambios políticos y económicos, también ideológicos e incluso psicológicos. El modo en que se debe gestionar la inmigración es hoy el debate por excelencia en todos los rincones de Europa. Una causa que divide apasionadamente a quienes la consideran un derecho (y como tal hay que permitirla) y quienes piensan que es un favor (y en consecuencia hay que restringirla). Lo cierto es que, más allá de la opinión que sobre este asunto tenga cada cual, es una realidad con la que convivimos. Nuestros pueblos y ciudades son cada vez más heterogéneos. Los flujos migratorios crecen en volumen e intensidad de una manera imparable. Vivimos en el tiempo de la movilidad. Y esta es una característica que todo lo impregna y todo lo condiciona. La educación, también.

Partimos de la consideración de que la educación es un derecho universal que una sociedad democrática debe garantizar de manera efectiva a todos los niños y niñas independientemente de su procedencia, situación administrativa o condiciones sociales. Donde haya un niño o una niña, tiene que haber un maestro o una maestra. Debemos asumirlo como un axioma. Desde una perspectiva estrictamente pedagógica no es posible supeditar este principio a otros argumentos de naturaleza política o jurídica. Nuestra obligación es exigir a las administraciones públicas, en todos los ámbitos, hacer efectivo el derecho a la educación, sin excepciones, sin exclusiones, sin restricciones.

Esta afirmación nos lleva a un debate no menor en el ámbito puramente didáctico. Los sistemas educativos, como el nuestro, están concebidos desde la premisa de la estabilidad y son, en consecuencia, extremadamente rígidos. Se diseña una trayectoria que todo individuo plenamente integrado en la sociedad recorre con variaciones insignificantes (acaso alguna variación de domicilio). Sin embargo cabe preguntarse si el sistema está preparado para dar una respuesta a realidades dispersas, inconexas, puntuales o derecho a la educación no es “sentar a un niño  o una niña en un pupitre”, sino tener diseñado un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado a las características de cada individuo. ¿Podemos considerar que estamos educando a un estudiante que llega a nuestro país con 13 años, sin conocer el idioma y sin un bagaje previo sentándolo en un aula de 3º de ESO?

La nueva realidad en la que nos desenvolvemos nos exige un esfuerzo por redefinir principios, objetivos, métodos y procedimientos, para flexibilizar el sistema educativo en consonancia con una sociedad en plena transmutación.

El reto al que nos enfrentamos es el de saber definir qué enseñar a cada alumno o alumna en cada momento, siendo conscientes de que los periodos de aprendizaje son muy diversos y cambiantes. La enseñanza del siglo XXI necesita una revolución pedagógica en todos los sentidos. No será fácil ni rápido. Pero es un compromiso que ninguna persona comprometida con la educación puede rehuir. Para ello es preciso impulsar una movilización en toda regla, apelando a la conciencia de la ciudadanía, reivindicando ante el poder político, proponiendo en todos los foros educativos, innovando en todas las aulas y defendiendo, siempre, el derecho a la educación como un valor esencial e irrenunciable de la democracia.

En nuestro país, en estos momentos, existen miles de niños y niñas privados de un puesto escolar; pero también se cuentan por miles quienes estando formalmente escolarizados, no lo están, porque el sistema no les ofrece una respuesta educativa adecuada a sus necesidades. No debemos tolerar que el debate general sobre la inmigración intoxique el ámbito educativo, en el que no cabe ni cuestionar derechos ni diferenciar personas.

Decálogo

Los fundamentos de esta educación son los derechos humanos y especialmente los derechos de la infancia. En este sentido, hemos venido trabajando CCOO y la Internacional de la Educación con varios proyectos centrados en la educación, la protección internacional y la construcción de la paz, para garantizar una educación sin exclusiones e identificar cuáles son los principios que sustentan este modelo educativo recogidos en un decálogo:

1. Todas las niñas y todos los niños son competentes para aprender. Entendemos que se garantiza a todos ellos este derecho.

2. El respeto a las diferencias como valor exige tener en cuenta las peculiaridades personales. Entendiendo esto no solo como igualdad de oportunidades, sino como igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales, es decir, oportunidades equivalentes.  El concepto de equidad añade precisión al concepto de igualdad.

3. El aula como comunidad de convivencia y aprendizajes, como espacio educativo, se genera cuando se da un intercambio de significados y comportamientos, de recuerdos y experiencias, de sentimientos y emociones, de normas y valores, configurándose un espacio cultural y una organización, entre el profesorado y el alumnado, con pretensiones comunes y con el deseo de entenderse y respetarse.

4. El trabajo cooperativo y solidario es una necesidad sentida por el grupo clase para aprender juntos.

5. La curiosidad epistemológica, el interés y las ideas previas como origen del conocimiento desde la edad más temprana les permitirá aprender a pensar.

6. El método de proyectos de investigación nos aleja de la enseñanza transmisiva y basada en los libros de texto, y nos introduce en la construcción social del conocimiento: co-construcción. Es una manera de aprender a aprender en cooperación.

7. El error es fuente de aprendizajes. Las niñas y los niños deben aprender a argumentar sus certezas y sus errores, así como a tomar conciencia de que el error es fuente de conocimiento.

8. El profesorado es la pieza clave en la escuela pública. Requiere estar bien preparado científica y humanamente. Estas competencias profesionales docentes no solo se adquieren en la formación inicial, sino que es un continuo con la formación permanente, donde la reflexión compartida entre docentes mejora su práctica: investigación-acción cooperativa y formativa. La calidad de un sistema educativo radica en la calidad de su profesorado.

9. Respecto al papel de la evaluación, no es calificación, es un encuentro entre el profesorado y el alumnado, con la intención de aprender uno del otro, donde se hace una valoración sobre la calidad de lo que se ha aprendido o sobre la ausencia de lo que debería haberse aprendido. En este proceso el profesorado aprende para conocer y mejorar sus prácticas educativas, y el alumnado aprende de los asesoramientos del profesorado y mejora su curiosidad para seguir aprendiendo.

10. Y, por último, el papel de las familias es la corresponsabilidad educativa. Además de ser un motivo ejemplar de convivencia para el alumnado, es un encuentro entre familias y profesorado, donde unos van a aprender de los otros y todos van a aprender juntos a comprender y valorar el papel que a cada cual les corresponde en la educación, en la construcción de una sociedad culta, solidaria, cooperativa, respetuosa con la diversidad, acogedora, justa, pacífica y democrática.