Profesorado, movimientos sociales y acción política: el caso chileno

Hoy en día parece evidente que el individualismo, el mercantilismo, la competitividad, la falsa meritocracia, la destrucción del medio ambiente, la privatización y extractivismo de los recursos naturales y culturales [1], la desigualdad e injusticia social y el funcionamiento jerárquico-autoritario de la política institucional, se disocian radicalmente de los intereses y necesidades básicas de las ciudadanas y los ciudadanos; hecho que, entre otros, provocó la crisis del levantamiento popular en Chile, en octubre del año 2019, y que ya se conoce como la “Primavera Chilena”. También parece evidente y más preocupante aún, constatar la ligereza y el simplismo con el que autoridades gubernamentales en educación reprochan al profesorado, por poner al centro del currículum estas preocupaciones vitales como el eje de todo proceso educativo.

Una muestra de ello se refleja en Chile cuando la ministra de educación en el pasado Gobierno de Sebastián Piñera (2019), hacía una declaración pública criticando que en las escuelas de Chile se estaría desarrollando adoctrinamiento político por el hecho que un infante regresara a su hogar, repitiendo la consigna como: “el pueblo unido jamás será vencido”. La exministra de educación, ponía los dardos en la escuela, responsabilizando al profesorado de adoctrinamiento político, olvidando que dicha frase se escuchaba en todos los noticieros, se encontraba graffitis, espacios públicos y en las protestas de los movimientos sociales que se caracterizaron por reunir a familias completas inter-generacionalmente. En Brasil, por poner otro ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro, planteó una radical reforma al Ministerio de Educación, que incluyeron iniciativas como la eliminación de las discusiones de género, la exclusión del pensamiento crítico, extender la red escuelas militares y, especialmente, borrar el legado del pedagogo Paulo Freire [2]. La pedagogía crítica de Freire, enfatiza la dialogicidad, el reconocimiento de los subalternos, la simetría relacional, la potencia del común y la emancipación de los oprimidos, aparece a ojos del legislador, como una corriente que se alinea con una ideología partidista y no con el fin mismo de la educación (Redon, 2018).

Responsabilizar a la escuela, es correcto; en ella se fundan las bases morales de un pueblo y se acunan los valores que nos permitirán vivir y soñar con una sociedad más justa y de vida más digna (Honneth, 2013). El fin del hecho educativo adquiere su sentido en la vida buena, la ciudadanía plena, lo que le exige al hecho educativo, pensar las hebras que tejen la trama de la vida en común, y las formas de convivir en ese espacio común, adentrándose en lo propiamente humano como especie (Redon, 2018). ¿En qué se diferencia o distingue, el adoctrinamiento político de las múltiples decisiones que toma un gobierno para plasmar en la escuela un tipo de sujeto y de sociedad? ¿En qué se diferencia el adoctrinamiento con la participación activa ciudadana que toda escuela debe propiciar? Cuando se enseña educación para la ciudadanía en las escuelas, cumpliendo el mandato legal establecido en Chile por la Ley 20.911, ¿se estará adoctrinando al cumplir con la ley?

La gran distinción entre educar para la ciudadanía y adoctrinar, radica en el significado de lo político como la valoración por la diferencia y no en la reproducción a ciegas de “la política”. La escuela es el espacio para pensar, para discutir, para informarse, para conocer y aprender, que permite y favorece convivir de forma más justa y digna en un territorio común ¿Qué es una vivienda y trabajo digno? ¿Qué significa una vida buena? ¿Qué significa la palabra desarrollo, extractivismo y destrucción del medio ambiente? ¿Justicia social y desigualdades? ¿Qué significa en la cotidianidad el ejercicio de la democracia (poder del pueblo y para el pueblo)? Esta diversidad de cuestiones y preguntas vinculadas al Estado de Derecho, a la vida en común y el bien-estar, se constituyen en la potencia de lo político y el eje gravitante en la educación para la ciudadanía. La distinción entre adoctrinar y educar supone en la primera una consigna cerrada y absoluta, en la segunda, la inclusión de la diferencia, la dialogicidad de miradas contrapuestas, la reflexión crítica por de-construir lo obvio y lo instituido por herencia o tradición. Educar para la ciudadanía supone constituirse en un espacio democrático que asegure una real inclusión y apertura a las demandas sociales que la ciudadanía persiste en reclamar.

Educar para la ciudadanía es educar a un pueblo pensante, para que ejerza su poder constituyente, y es aquí en donde la educación institucionalizada, se juega su sentido. Podemos observar cómo la concepción de educación para la ciudadanía, que se trasmite en la escuela, antepone e impone los requerimientos de obediencia a la gobernabilidad e institucionalidad por la ampliación del espacio público y la soberanía popular. De hecho, el énfasis está puesto en una noción normativa de participación, fundamentalmente asociada a la acción electoral. Si bien se apunta, desde los discursos, a la participación política y a la convivencia con el entorno, solo se concibe como principal valor ciudadano la capacidad de reproducir el orden establecido por el poder constituido. En este marco, es relevante aludir al estallido social chileno en octubre del 2019, como el movimiento social que logra sentar las bases para una nueva constitución, con representantes elegidos por el pueblo soberano, con escaños reservados para pueblos originarios y con paridad de género. Dicho estallido ha dejado bajo tierra la constitución del 80, plasmada en dictadura, encerrada en cuatro paredes e ideada por los principios neoliberales de ultraderecha que operaron hasta hoy en el modelo político y económico chileno y que fueron aceptados por los gobiernos posteriores a la dictadura.

Detrás del movimiento social que le dio un giro político a la historia chilena, estaba el profesorado. Es impactante evidenciar que las dos profesiones que arrasan con la mayoría disciplinar del organismo constitucional, son la abogacía y la pedagogía. De los 155 integrantes elegidos por el voto popular, 59 cuentan con título de abogados (5 de ellos pertenecientes a los pueblos originarios), a lo que se suman otros 4 egresados de derecho, 2 licenciados y 1 estudiante de esta área. Le siguen las y los profesores, que ocupan 20 de los cupos en la convención, que, dentro de sus funciones, tendrán un rol protagónico en el rol del Estado y la educación. Mucho más abajo se ubican los ingenieros (9), los periodistas (5), médicos (2). Además, destacan 5 dirigentes sociales, 2 científicos y una Machi [3]. Esta gran mayoría de profesores que supera con creces a otras profesiones, reflejan el compromiso ético-político del profesorado chileno.

Esta responsabilidad social, de carácter ético-político en la que ningún profesor y profesora debieran restarse, por tratarse del telos o fin de todo proceso educativo, parece confirmarse en los discursos de más de cien docentes entrevistados, que, consultados respecto a la educación ciudadana de su quehacer en el aula, trasmiten su frustración y disconformidad en cuanto se ven obligadas/os a operar en un contexto político, social y educativo, autoritarios en algunos casos y en otros con democracias tuteladas que no darían espacios a la creación de sujetos críticos y ciudadanos [4]. Comunidades educativas segmentadas y fragmentadas por la lógica neoliberal de competitividad, estándares y mediciones propician culturas y sujetos individualistas, empresarios de sí mismo, siempre alineadas al costo-beneficio de utilidades y rendimiento económico. Este profesorado envuelto en políticas educativas neoliberales y culturas bastante autoritarias, pero que no se ha dejado capturar por ellas, representa hoy, en gran parte, al pueblo chileno para escribir la nueva Carta Magna destinada a generar una plataforma normativa de justicia social, equidad, respeto, colaboración y vida buena, tal como lo exige el sentido de la educación (Angulo, 2022), y el deber ético-político del profesorado.

 

REFERENCIAS

Angulo, J.F. (2022). Educación contra la alienación: rescatar el sentido de la educación transformadora. En Carr, P.R., Thésée, G. & Rivas-Sanchez, Eloy (2021). Epicentro. Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. New York, NY: DIO Pres. (En prensa).

Honneth, A. (2013). La Educación y el Espacio Público Democrático. Un Capítulo Descuidado en la Filosofía Política. ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política. N.º 49, 377-395. DOI: 10.3989/ISEGORIA.2013.049.01

Escalón Portilla & González Gaudiano (2017). La escuela como actor social en las luchas contra el extractivismo. Prácticas político-pedagógicas desde la educación comunitaria en Oaxaca, México. Diálogos sobre Educación, 8 (15): 1-28.

Redon (2018) 3 “La pedagogía crítica como la pedagogía en sí misma” Páginas 231-258 en Reconocimiento y bien común en educación. ISBN: 9788471129000. Morata-España

Puyana Mutis (2007). El retorno al extractivismo en América Latina. ¿Ruptura o profundización del modelo de economía liberal y por qué ahora? Espiral, vol.24 no.69 Guadalajara may./ago.

Valenzuela, A. (2017). Subtractive Schooling: U.S.-Mexican Youth and the Politics of Caring. New York: State University of New York Press.

 

NOTAS

1. Sobre extractivismo en Latinoamérica véase Puyana Mutis (2017). Sobre extractivismo cultural en educación véanse Valenzuela (2017) y Escalón Portilla & González Gaudiano (2017).
2. https://www.semana.com/educacion/articulo/bolsonaro-contra-paulo-freire-el-nuevo-rumbo-educativo-de-brasil/603936/ https://www.opendemocracy.net/es/por-que-la-derecha-brasilena-teme-a-paulo-freire/
3. Un Machi o una Machi, es un chamán o chamana, en la cultura tradicional del pueblo mapuche, un pueblo indígena de Chile y suroeste de Argentina. Su principal rol es la curación de dolencias, tanto los males físicos como los que se consideran derivados de la acción de fuerzas espirituales o a transgresiones de normas.
4. Educación Inclusiva (CIE). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar.