Han vuelto a saltar las alarmas tras las declaraciones del ministro Méndez de Vigo en la Convención Nacional de Educación del PP, en la que propone, como medida a incluir en el ansiado Pacto Nacional por la Educación, un nuevo modelo de acceso a la profesión docente, mediáticamente conocido como MIR educativo. No es la primera vez que tenemos esta propuesta encima de la mesa, otros partidos como PSOE o Ciudadanos ya lo habían incluido entre sus propuestas; además, destacados portavoces en educación, como Narrase y López Rupérez (2011), han desarrollado la posibilidad de establecer una especie de MIR educativo con un período de prácticas similar al de los médicos internos residentes aplicado en la sanidad española.
El sistema de acceso al desempeño de la profesión docente, a pesar de sus transitorios intentos de mejora, no garantiza elegir a los mejor preparados. El concurso oposición sigue consistiendo en un sistema de selección “memorístico”, lo cual provoca una continua insatisfacción personal y profesional, así como unas posteriores condiciones laborales inestables con largos periodos de interinidad. A esto, añadimos la falta de consenso por parte de los diferentes colectivos, en cuanto a los posibles cambios o reformas en el sector educativo. Cuando en este país, un político, sea de la ideología que sea, habla de reformas en educación, cunde el pánico literalmente. Hecho que no nos ha de extrañar tras los torpes cambios, sin lógica ni evidencia, que ha sufrido la educación en los últimos tiempos. Llegados a este punto, solo puedo pensar en los alumnos y alumnas que hay en nuestras escuelas. Garantizar una educación inclusiva de calidad y equitativa para todo el alumnado, es un derecho bien fundamentado.
La cuestión de fondo que nos adentra en el tema es: ¿Cómo atraer, formar y retener buenos docentes en el sistema? ¿Será necesario realizar una selección docente previa a la formación –MIR educativo– o seguir invirtiendo en formación continua? ¿Cómo podemos garantizar que cada aula tenga un docente que sepa enseñar, que se sienta valorado y comprometido con la profesión y, además, pueda demostrarlo en su práctica?
La educación es una actividad profesional muy especial, que combina ciencia, ética y arte. En este sentido, encontramos ciertas debilidades en la profesión docente española si la comparamos con la medicina. Y es que, rara vez, los resultados de las investigaciones científicas que aportan evidencias sobre las prácticas educativas de éxito son difundidos y compartidos entre los diferentes miembros del sistema. Quizás puedan llegar a profesores y profesoras, pero estos, con dificultad logran implicarse personalmente en el desarrollo de investigaciones empíricas sobre su propia práctica. En este caso, como contrasta con la medicina, la falta de una preparación investigadora, en la mayor parte del profesorado, y los escasos medios para su consecución, han provocado una falta de difusión científica. Por otro lado, sería inexacto afirmar que dentro del colectivo de profesorado se haya asumido un “código ético” que apliquen en sus funciones docentes, tal y como, por ejemplo, tiene la medicina con el Juramento hipocrático. Algunas organizaciones docentes como puede ser el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados, han formalizado un Código deontológico con valor meramente orientativo, ya que este no es prescriptivo ni está asumido por los profesionales de la educación.
Asimismo, dentro de los procesos escolares de enseñanza aprendizaje, además del importante papel que juega la investigación en su avance, tiene real importancia el componente del arte. El arte de educar, entendida como la capacidad o habilidad para actuar en consecuencia, tomando en consideración la individualidad de cada sujeto y adaptando la actuación al contexto. A pesar de que los profesionales de la educación hayan desarrollado esta habilidad para aplicar conocimiento y ejercer competencias, en España queda evidenciado el escaso reconocimiento de la profesión, en términos prácticos. Solo debemos remitirnos a los Reales Decretos que establecen el currículo, documentos minuciosamente desarrollados que poco margen dejan a la innovación. Los poderes públicos, de esta manera, tienen un control burocrático de la competencia docente llegando a invalidar la capacidad profesional para adecuar procedimientos de enseñanza o elegir las metodologías que mejor se ajusten a la práctica.
Este hecho de burocratizar la enseñanza conduce a un mayor control –poco efectivo a mi parecer– de los resultados. Y en esta dinámica de preocupación incesante por los resultados de la calidad educativa aparecen, con una posición destacada, una serie de organizaciones internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, la Unesco, el Banco Mundial o la OEI. Todas ellas han trasladado al profesorado de este tiempo la exigencia social y económica de mejorar los resultados de su alumnado, fenómeno que nos deja mal parados y sin defensa alguna. Los recortes educativos sufridos, la suspensión de oposiciones, la expulsión de profesorado interino del sistema o las bajas sin cubrir durante semanas, entre otros hechos, podrían hacer de la idea de un “MIR educativo” una nueva amenaza para el sistema.
Si analizamos de fondo la cuestión del problema, parece ser, que en los rankings no salimos bien parados y eso inquieta a nuestros políticos. Si optamos por una postura comparativa entre España y Singapur en materia educativa, es posible situar al país asiático en la primera posición, según el informe PISA (2017). En cambio, nuestro país se sitúa en la trigésima posición, a pesar de mejorar dos puntos respecto a evaluaciones anteriores. Sin embargo, cuando la comparación se refiere a sanidad, Singapur se coloca en la posición 21ª, mientras que España alcanza una octava posición en el ranking internacional. Como demuestra este ejemplo comparativo, la sanidad española cuenta con un modelo sostenible y sólidamente configurado, virtud que puede atribuirse, entre otras cosas, a su proceso de acceso a la profesión. Quizás esta sea una de las poderosas razones por las cuales merece la pena transponer el modelo médico al ámbito docente, siendo estas profesiones tan distintas y a la vez tan parecidas.
El MIR educativo
El MIR educativo, a rasgos generales, tratará de “atraer a las personas más capacitadas, seleccionarlas y proporcionarles la formación inicial y permanente adecuada”, así lo deja recogido el filósofo y pedagogo español José Antonio Marina en el Libro Blanco de la profesión docente. El mismo documento defiende que los mejores maestros vayan a los centros considerados de difícil desempeño. Es cierto que en su propuesta no se incluye ningún dato económico, siendo desde mi opinión, un aspecto relevante para poner en marcha cambios estructurales bastante costosos.
A continuación, quisiera mostrar las claves del cambio mencionado. Para una mayor comprensión tomo la ilustración publicada por Pilar Álvarez en El País, dada su claridad y pertinencia en la comparativa del sistema de acceso que tenemos y el que nos plantean para el futuro próximo.
Lo más significativo del cambio sería la temporalización, frente a los cuatro años para ser maestro y los cinco, incluyendo el máster de formación del Profesorado en Secundaria, este nuevo proceso de formación y acceso tendría una duración de siete años.
Como podemos ver en la imagen, comenzaría de igual modo. El estudiante cursaría un grado, bien de magisterio de Educación Infantil o Primaria, y otros para docente de Secundaria. Tras el grado se realizaría una prueba de selección homogénea a nivel nacional, hecho que contrasta con lo realizado hasta el momento, donde cada comunidad autónoma gestionaba sus propias oposiciones. Sería una prueba que garantizaría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que persiga la excelencia profesional. Dicha evaluación supone un papel fundamental en el sistema de formación, ya que, conforme a la previsión de necesidades, que decidiría la Conferencia Sectorial de Educación, se formará a profesorado, maestras y maestros en las diferentes especialidades tomando como base un año de máster teórico-práctico. Este hecho provocaría un significativo desequilibrio entre el número de titulados especialistas y las necesidades reales del sistema educativo español.
Después de cursar el máster, de un año de duración, los futuros profesionales serían Docentes en Prácticas (DEP) en centros educativos durante dos o tres años. Estos estarían, supuestamente, en el centro con carácter formativo, no para cubrir una plaza. Asimismo, tendrían asignado un sueldo aún por determinar. Todos estos aspectos, aún en el aire, son fácilmente discutibles, en relación con cuáles serán las instituciones diseñadas para impartir el máster, sueldo aportado al “docente interno residente”, tutores y tutoras responsables en el centro educativo, quién les formará y cómo se les recompensaría esta labor, así como el proceso de evaluación continua y final durante el periodo de prácticas.
Al acabar, el profesional educativo conseguiría un diploma de aptitud, el cual podría emplear sin distinción en centros educativos privados y concertados; no obstante, si quisiera ser funcionario, tendría que pasar por una evaluación final en la que se comprobaría la adquisición de las capacidades necesarias para el desempeño profesional.
En resumen, un modelo inspirado en el sistema de formación y de acceso a la profesión médica partiría de una serie de principios, tal como concreta López Rupérez (2011):
- La selección ha de proceder a la formación del docente.
- Deberá configurarse en enseñanza de postgrado.
- Un sistema universal, aplicando a todos los aspirantes a maestros y profesores.
- Con carácter nacional.
- Que persiga la excelencia en el sistema educativo.
Con el fin de aclarar la polémica de estos días, he querido describir la posible reforma en el sistema de acceso a la docencia, digo posible porque este tema aún está siendo objeto de negociación en el Congreso para establecer un Plan Nacional por la Educación. De salir adelante estas propuestas, hemos de revisar con cautela las condiciones concretas, ya que la educación en España está muy resentida y podríamos quebrarla por completo.
Las políticas están para fortalecer el progreso educativo garantizando el éxito de todo el alumnado, buscando el consenso con los diferentes sectores implicados y desarrollando medidas fundamentadas en el diálogo. Una imposición unilateral de la norma solo conseguiría hastiar aún más al profesorado. Y es que, las condiciones del ejercicio docente han cambiado casi radicalmente en la última década, lo cual ha requerido un sobreesfuerzo por parte de todos los profesionales de la educación. Educar a una generación plurilingüe, nativa digital, perteneciente a realidades socioculturales diferentes, ha supuesto que la educación sea una profesión solo para valientes. Personas capaces de sobreponerse a un modelo desfasado y con una intensa formación permanente en idiomas, nuevas tecnologías, diferentes estrategias educativas para garantizar el derecho de sus alumnos y alumnas a recibir una buena educación. A pesar de ello, en las evaluaciones internacionales y en las conclusiones de algunas investigaciones científicas no se ven reflejados tales esfuerzos, lo cual me lleva a pesar que algo está fallando.
Quizás este MIR docente posibilitaría, en lugar de formar y luego seleccionar, que el proceso sea a la inversa, primero realizar una selección y después dotar de una formación. A mi parecer, y amparándome en el hecho de que algunos de los países que obtienen mejores resultados en las pruebas internacionales primero seleccionan en el acceso a los estudios y luego forman a sus futuros docentes, esto tiene un efecto significativo en la eficacia al centrarse solo en aquellos que han sido seleccionados. En cambio, en España, se decidió aplazar la formación inicial y centrar los esfuerzos en la formación permanente. Ejemplo de este hecho es haber mantenido durante treinta años los centros de formación de profesores dedicados a suplir, en muchos casos, el déficit de formación.
Por otro lado, el nuevo proceso de acceso y formación, está caracterizado por su tratamiento común y estatal, lo cual podría convertirse en un sistema homologado que garantice la calidad en el sistema educativo fortaleciendo la profesión docente. Mejoraría la formación específica de las nuevas generaciones de profesionales adaptando, con garantías, su formación a una necesidad real.
En lo relativo a la investigación, dado el carácter de experto durante la formación y al largo periodo de prácticas, que contrasta con los ocho meses de prácticas de un alumno de magisterio y los dos meses de un estudiante del Máster de Profesorado en Secundaria, algunos podrán pensar que este periodo se equipara al año de prácticas que tiene los docentes tras aprobar la oposición. Pienso que el carácter de “alumno interno residente” podría favorecer el desarrollo de la competencia investigadora centrada en generar prácticas educativas de éxito avaladas por datos empíricos, y así suplir el vacío existente en este ámbito, además de fortalecer su difusión entre las y los profesionales. El desarrollo de un MIR educativo estimularía un compromiso mayor de personas expertas por la formación de las nuevas generaciones de docentes, creando, en consecuencia, una comunidad más colaborativa.
En contra de algunos, estos argumentos inducen a pensar que el nuevo sistema de acceso y formación de la profesión docente en España puede ser la palanca de cambio para reformular un sistema que muestra pocas garantías de éxito, dadas las altas tasas de fracaso escolar.
Asimismo, si definitivamente optamos por esta medida, que sea con garantías. No es posible que, como ocurre en otros muchos casos, a la primera de cambio volvamos a empezar. Si queremos favorecer que un sistema funcione, cada cual deberá cumplir adecuadamente su parte desde un compromiso que justamente nos haga mejorar. No podemos olvidar que los imperativos económicos parecen representar el mayor obstáculo dentro de las políticas educativas españolas en los últimos tiempos. Hemos pasado por una profunda crisis que aún causa estragos debido a los recortes ocasionados. Implantar un MIR educativo no puede enmascarar, como muchos de los colectivos de la educación temen, una artimaña de ahorro económico a corto plazo. Reivindicamos unas medidas que garanticen a nuestros alumnos y alumnas las y los mejores docentes capaces de ofrecer una educación inclusiva de calidad y equitativa al servicio de todos y todas.
La selección debería ser ya para empezar el grado de magisterio. También debería haber orientadores en bachillerato que ayudaran a los alumnos/as a elegir profesión dándoles información de las cualidades específicas que requiere cada una, ayudándoles a conocer cual se adapta mejor a sus cualidades y a su perfil. Un/a maestro/a, profesor/a trabaja con un grupo como mínimo de 25 alumnos/as al que debe tener capacidad para liderar, ganar su respeto y confianza, por lo tanto las personas que se dedican a la enseñanza deben tener un perfil que se adapte a este requerimiento, sobre todo en los niveles de primaria y secundaria que son enseñanzas obligatorias y se reciben por obligación y no por libre decisión y presentan mayores dificultades respecto a la disciplina. No es bueno que la gente decida hacer magisterio porque sea más fácil acceder a estudiarlo que otras carreras, o que la gente que hace otros grados decida dedicarse a la enseñanza como salida profesional sin más, por no encontrar trabajo en otro sector, pues eso se contradice con el objetivo de que sean docentes la gente más idónea. La selección debería ser en función de conocimientos, actitudes de responsabilidad y de vocación y también tener en cuenta el perfil de las personas. Después del grado para primaria, quizás con un año de prácticas sería bastante, como mucho dos, tres lo considero excesivo. Y si son dos años de prácticas por lo menos el primero debería ser acompañando a otro profesional experto en su misma clase, pues como más se aprende es viendo como trabaja otra persona. Si hay una segunda selección para hacer estas prácticas después de terminar el grado, no tiene sentido tener que hacer otra prueba oposición cuando se terminan. Me parece que después de dos años trabajando, es en el trabajo como se demuestra si se es apto/a para la enseñanza. Estos dos años de prácticas trabajando debería servir para evaluar la aptitud. Añadir más pruebas no creo que contribuya a que la selección sea mejor sino a marear.