Lo que dice la ONU de nuestra educación inclusiva

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

Se ha difundido recientemente el Informe elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU relativo a la situación de la educación inclusiva en España, cuya investigación fue llevada a cabo durante 2017. De él, me parece importante destacar los aspectos que señala como francamente mejorables en nuestra aplicación de la misma, después de haber contrastado, con protagonistas de todos los sectores, la realidad que se da en el día a día de nuestro sistema.

En primer lugar, como venimos denunciando desde estas páginas digitales, revela “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad” por continuar excluyendo de la educación general particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, basando la decisión en evaluaciones ancladas en modelos médicos ya superados. Ello deriva en segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión. De hecho, se mantiene a un 20% de personas con discapacidad en situaciones adversas para su inclusión social.

El citado informe presenta un estudio minucioso de la legislación que regula la escolarización y atención educativa de este alumnado, poniendo de manifiesto la variedad de situaciones que se presentan en las diferentes comunidades autónomas, al igual que plantea la poca defensa que tienen las familias ante los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización segregadores, pues en la mayoría de los casos solo queda la vía judicial para su resolución, tampoco satisfactoria por el desconocimiento de los estándares de la Convención por parte de los jueces (incluso del Tribunal Constitucional), que solo resuelven en base al procedimiento establecido y no al derecho de la persona.

Por lo que se refiere a los recursos, explicita la reducción habida so pretexto de la crisis económica, lo cual ha llevado a la disminución de docentes de apoyo y, en consecuencia, a que cada uno de los especialistas deba atender a un mayor número de alumnado, a que algunos apoyos deban ser costeados por las familias fuera del horario escolar y, sobre todo, a la falta de formación adecuada del profesorado en general, lo cual perjudica gravemente la educación de calidad para las personas con cualquier tipo de dificultad o discapacidad. A su vez, destaca la labor de determinadas asociaciones, pero insistiendo en que esta se lleva a cabo en contextos segregados.

Los ajustes razonables no parecen entenderse como un derecho individual, sino que se ofrecen en función de que un número de estudiantes “suficiente” los precise. El cambio de mentalidad resulta urgente. Igualmente, la accesibilidad no es homogénea en todos los centros y, no obstante, incluso después de conseguida la posibilidad de acceso físico, sigue habiendo fallos para manejar las herramientas de comunicación, las evaluaciones y los contenidos educativos. Señala expresamente que “el inspector no tiene en su mandato por ley analizar la implementación sobre accesibilidad en centros educativos”. Habría que mencionar, sin embargo, que la inspección, de oficio, puede informar a la Administración acerca de este extremo.

Marca también la falta de accesibilidad en “los entornos de los centros, cafeterías, pistas deportivas y facilidades artísticas, viajes de colegio y campamentos, así como actividades extraescolares”, que, por lo tanto, no son inclusivos.

Niños y niñas con discapacidad que no son escuchados, mantenimiento de adaptaciones curriculares que suponen currículos paralelos, existencia de aulas especiales dentro de los centros ordinarios, empobrecimiento del apoyo a las familias, acoso escolar, falta de medidas generales diversificadas para personalizar la educación, inexistencia de indicadores o evaluaciones que constaten la incorporación al empleo abierto desde los centros de educación especial o los ordinarios, rutas paralelas para el acceso laboral…, en definitiva, resuelve el Comité que “la perspectiva inclusiva queda ausente de los planes educativos”.

Toda esta exposición se ilustra con ejemplos aplastantes de profesorado, familias, equipos directivos, asociaciones…, que conocemos desgraciadamente de primera mano. La realidad que nos presenta es incuestionable, aunque destaca el trabajo educativo excelente de determinados centros y profesorado, por supuesto, que también todos conocemos. Pero que no es generalizable al conjunto del sistema, como es exigible desde la adhesión a la Convención por parte de la Unión Europea y de España.

En definitiva, se pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas tomadas en nuestro sistema para conseguir que la educación inclusiva sea un hecho y se respeten los derechos a la educación de calidad para todas las personas. El informe finaliza con una serie de “exhortaciones” al Estado Español (dieciséis, en concreto) para superar la situación contrastada, requiriendo una respuesta en los plazos reglamentarios. Esperemos que, de una vez por todas, se cumplan estos mandatos tomando las decisiones suficientes y decididas que lleguen a generalizar la igualdad de oportunidades, respetando así los derechos educativos para toda la población escolar.

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