¿Nos importa la salud mental de nuestra infancia?

Ana Isabel Sanz | Psiquiatra. Directora de Instituto Ipsias

Diariamente, la profesión docente constata cómo aumenta en sus aulas el número de estudiantes que presentan trastornos de conducta, dificultades cognitivas relevantes, problemas alimentarios más o menos severos, distorsiones del esquema corporal, depresiones, ansiedad, autolesiones, incluso intentos de suicidio… Ante circunstancias semejantes, sus conocimientos se quedan cortos y ni ellos ni sus progenitores saben frecuentemente qué respuesta dar o a quién acudir.

Se trata de cuestiones tan complejas que lo ideal sería que existiese una buena coordinación entre el sistema educativo y unos dispositivos sociosanitarios especializados que no solo se encargaran de los menores y de sus familias, sino que también aconsejaran, respondieran las dudas y calmasen la inevitable ansiedad de las y los educadores ante lo que les resulta desconocido. El colectivo docente desearía, sin duda, saber a quién puede recurrir y cómo debe actuar para ayudar no solo académica, sino también humanamente, al alumnado que muestra signos de sufrimiento emocional. A veces, materializar esa aspiración no resulta fácil por las carencias del sistema sociosanitario en el ámbito del cuidado a la salud mental infantil.

La atención a la salud emocional de la población en edad escolar implica una compleja red de profesionales y disciplinas: Psiquiatría, Psicología Clínica, Trabajo Social, Enfermería, Educación Social, Pedagogía Terapéutica… Todas ellas deberían actuar de forma integrada en equipos multidisciplinares, pero la realidad es bien distinta, tanto en el sector sanitario público como en el circuito de la asistencia privada.

La saturación de los servicios y la falta de hábitos de trabajo en equipo entre los profesionales hacen que las consultas sean casi siempre espaciadas, sin coordinación con las familias y el ámbito educativo y, por consiguiente, bastante ineficaces. Con carácter casi excepcional, en Madrid destacan algunos servicios modélicos en nivel científico-asistencial como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital Gregorio Marañón.

Asimismo, en esta misma Comunidad cabe destacar la importante función de los centros educativo-terapéuticos dependientes de la Consejería de Educación, en los cuales se presta una atención psicoterapéutica intensiva y coordinada siempre con la actividad académica, la cual no se interrumpe ni baja de calidad (atendida por profesores cualificados y dependientes de la Consejería de Educación), mientras se equilibran situaciones agudas y complejas de desequilibrio conductual y emocional de las y los menores escolarizados. Semejante filosofía conlleva minimizar el deterioro del funcionamiento académico, familiar y social en momentos muy difíciles, aspecto que no contempla la hospitalización psiquiátrica tradicional ni los hospitales de día, carentes de la atención dentro de la dimensión académica.

En cuanto a la asistencia al bienestar mental de la población infantil aún queda otro agujero negro de especial actualidad: la cualificación de los y las profesionales que han de prestar esta atención especializada.

Niñas, niños y adolescentes no son adultos “en pequeño”, e igual que el pediatra recibe una formación específica diferente a la del médico internista o a la del médico general, los psiquiatras que atienden población cuya edad es inferior a los 18 años, precisan conocimientos diferenciados en cuanto a técnicas de exploración, tipos de trastornos en este período vital, estrategias terapéuticas eficaces, etc. En la Unión Europea esta idea está plenamente incorporada y reconocida legalmente. Desde 2005, la directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales –publicada el 7 de septiembre de 2005– sanciona que la Psiquiatría del Niño y del Adolescente tiene entidad propia como especialidad médica.

A España le cabe el dudoso honor de ser, junto con Bulgaria, el único país europeo en el que no existe esta especialidad. Tal circunstancia supone que, en nuestro país, la calidad de la atención a la salud mental de la población infantil y adolescente se ha convertido en una auténtica lotería, pues quienes la asumen tienen una formación heterogénea que puede incluir, o no (dependiendo de su motivación personal), capacitación específica en la evaluación y tratamiento de menores.

Se han hecho algunos intentos para subsanar este grave déficit de nuestro sistema educativo universitario y sanitario. El primer proyecto de cambio se gestó en 2009, teniendo que esperar a 2014 para ser retomado y aprobado como Real Decreto en uno de cuyos anexos se reconocía la subespecialidad de Psiquiatría Infantil. Poco duró el avance, pues un año después se derogaba esta decisión por falta de consenso sobre los datos recogidos en la memoria económica. Se volvió a la carga en 2018 y se diseñó un borrador de Real Decreto que contemplaba la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil y que las comunidades autónomas aprobaron en abril de ese mismo año. Desde entonces, inactividad y silencio.

Ni las quejas de los familiares o de profesionales, ni la “regañina” de alguna institución europea, han conseguido desbloquear un proceso cuyo estancamiento resulta difícil de entender. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para que España apruebe esta asignatura pendiente? ¿Se está tomando realmente en serio la salud de nuestros menores o se sigue considerando una cuestión también “menor”?

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