Invertir en educación inclusiva

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

Toda la educación actual debería ser inclusiva y, por lo tanto, no sería necesario usar el adjetivo para indicar el modelo más apropiado para nuestra sociedad, siempre que sea real ese deseo de democracia, justicia, equidad…, que tanto se maneja y aparece en todos los ámbitos: educativo, político, económico.

Pero es un hecho incuestionable que todavía no lo es, al menos de la forma generalizada que quisiéramos. Se avanza, pero con dificultades, tanto por parte de las decisiones que se toman en las administraciones, como por parte de algunos docentes que se resisten a reconocer la realidad que nos rodea y que la deben asumir para abordar con eficacia la tarea encomendada.

En ocasiones, tanto las decisiones administrativas como las acciones didácticas responden a cuestiones puramente ideológicas, mientras que otras veces se intentan justificar buscando razones “objetivas” que indican que la segregación de determinado tipo de alumnado se lleva a cabo para asegurarles un mejor progreso en función de sus características y también garantizar el del resto, que no se ve “impedido” de avanzar a un ritmo mayor de aprendizaje. Esta situación casi siempre alude al alumnado con necesidades educativas especiales y, en algunos países, al alumnado indígena de pobreza extrema.

Se esgrime, en bastantes casos, un tercer motivo para no aceptar el modelo de educación inclusiva, en el que se alega que al suprimir los centros de educación especial, desaparece ese profesorado o se pretende disminuir, atendiendo al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios sin un incremento de docentes de apoyo que asegure su adecuada formación.

Personalmente, entiendo que la educación inclusiva no se puede objetar por ninguna de estas causas, si se aplica desde un enfoque educativo de calidad y equidad en los sistemas, es decir, no pensando que hay que “gastar” más en educación (nunca se gasta, siempre se invierte), sino asumiendo que una sociedad democrática exige un modelo que garantice la convivencia en la diversidad, la igualdad de oportunidades, la educación para todos a lo largo de la vida, el respeto a la diferencia que enriquece al conjunto social…, en fin, esos principios que, como decía al comienzo de este comentario, parecen aceptados y elogiados de modo general, pero que luego se ven entorpecidos de aplicar en la práctica por motivos no legalmente reconocidos, sino evidentes por la política de hechos consumados.

Es cierto que, so pretexto de la crisis económica, se ha suprimido profesorado de apoyo (de todo tipo) en los centros, cosa que no debiera haber ocurrido a la vista de que sobraba mucho dinero que podía desaparecer en “paraísos” aún no descubiertos; pero parece que, salvada la crisis, se deberían recuperar rápidamente esos especialistas y poner en juego todos los recursos necesarios para evidenciar la voluntad real de que esa educación inclusiva no solo es una buena intención, sino que es un hecho cierto. España, como muchos otros países, ha firmado la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que ya no aparecen los centros especiales. La supresión de estos centros no implica la desaparición de sus docentes, sino la incorporación de estos a los centros ordinarios, donde trabajarán, junto con los tutores ya existentes, en el apoyo específico que precise el conjunto del alumnado. Desde 1985, año en que se comenzó la “integración educativa”, pasando por el 2006 (fecha de la Convención) ha habido tiempo suficiente para ponerla en práctica y, por lo que se advierte, no se están cerrando los centros de educación especial, sino que incluso se construyen algunos nuevos.

Los centros de educación especial se deberían haber convertido, ya hace años, en centros de recursos para las zonas territoriales en las que se ubican, de manera que sirvieran eficazmente para dotar de apoyos específicos (humanos y materiales) que no se encuentran habitualmente en los centros ordinarios. Y el alumnado, todo el alumnado, incorporado a estos centros comunes, de todos y para todos, con las dotaciones adecuadas que les permita disponer de capacidad profesional y material para atender apropiadamente a la singularidad de cada uno de sus estudiantes.

Confiemos en lograr cuanto antes la inversión necesaria en educación inclusiva, tanto por el beneficio de la persona como por el de una sociedad verdaderamente cohesionada.

De lo contrario, ¿preferimos una sociedad fragmentada con sectores resentidos que alienten la violencia o la apatía resignada de los que se dan por vencidos antes o después de intentar conseguir una educación coherente con los principios sociales que se esgrimen públicamente?

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