ESO y Bachillerato: ¿barreras para la inclusión?

María Antonia Casanova | Universidad Camilo José Cela (Madrid)

Durante los pasados 15 y 16 de noviembre, se celebró en Madrid el IV Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, bajo el lema: “La Universidad, motor de cambio para la inclusión”. Desde que tuvo lugar el primer congreso, en 2012, se ponen de manifiesto avances significativos en las actitudes y los currículos universitarios, que facilitan y promueven la presencia de todos los estudiantes en sus aulas. De todos, insisto. Aparecen redes de apoyo interuniversitarias, medidas de accesibilidad curricular y, también, supresión de barreras arquitectónicas, actuaciones de sensibilización permanentes que facilitan y favorecen la incorporación de personas con discapacidad a los estudios superiores… Esto se plasma en el aumento de estudiantes universitarios con discapacidad año a año, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, dados los porcentajes de acceso, muy inferiores a los deseados y posibles.

No obstante, a pesar de estas iniciales buenas noticias, la queja generalizada se dirige hacia los problemas que se plantean en las etapas anteriores a la Universidad, las cuales parecen responsables de que mucho alumnado, que podría hacerlo, no llegue. No todos tenemos que ser universitarios o tener estudios superiores, pero sí todos los que puedan y quieran deben disponer de la posibilidad de realizar su proyecto personal en esos ámbitos. Y no importa cuáles sean sus condiciones de dificultad o ventaja personal: habrá que allanar los caminos para favorecer el recorrido.

En muchas ocasiones, el alumnado con discapacidad escolarizado en el sistema ordinario durante su Educación Primaria, deja de estarlo cuando llega a la Secundaria Obligatoria, o la cursa en condiciones que no le permiten desarrollar sus capacidades de la forma idónea, de modo que, aunque pueda por sus condiciones personales, no lo alcanza por la falta de atención adecuada: apoyos humanos y técnicos, recursos didácticos, adaptaciones organizativas, metodológicas o de evaluación…, cuestiones que favorecerían el mejor aprendizaje de toda la población (finalidad clara de la educación inclusiva) y que no se implementan de modo decidido… ¿Por qué?

Pido, de antemano, disculpas al numeroso, numerosísimo, profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se esfuerza (y lo consigue) en realizar estos cambios –claras innovaciones permanentes que optimizan el trabajo y los resultados– y que llevan a cabo una labor encomiable con todo tipo de alumnado, reforzando la evidencia de que los centros con mayor excelencia son los más diversos. Vaya por delante mi felicitación. Pero, desgraciadamente, aún no son la mayoría y queda mucho trabajo pendiente para lograr la generalización de la educación inclusiva en estas dos etapas del sistema.

Se puede pensar en muchas razones para que este planteamiento no se cumpla: falta de preparación del profesorado, falta de profesorado de apoyo, falta de recursos didácticos apropiados, falta de equipamiento o instalaciones adecuadas, “cultura” de Secundaria más enfocada a la instrucción que a la educación, horarios que dificultan la tutoría y el seguimiento del alumnado, número de estudiantes por aula, falta de comprensión de las ventajas de la educación inclusiva, desconocimiento de los derechos a la educación de toda la población, insensibilidad hacia determinadas situaciones humanas… Imagino que cada profesor o profesora que lea estas posibles causas podrá identificarse con alguna; pero, personalmente, ninguna me parece que pueda justificar el incumplimiento, por un lado, de las normas legales vigentes que nos obligan a todos y, por otro, la falta de dedicación y sensibilidad que, en muchos casos, originan estas situaciones de injusticia evidente.

Los recursos que se dan a los institutos, en una misma Comunidad Autónoma, son equivalentes para todos. ¿Por qué en unos funciona la educación inclusiva a la perfección –casi– y en otros es imposible? ¿Por qué ese empeño de algunos claustros y equipos directivos en derivar a los centros de Educación Especial al alumnado con necesidades especiales que procede de Primaria? ¿Les parece justo y equitativo que estos niños y niñas no puedan continuar su educación con sus compañeros, aprendiendo como lo han hecho hasta ese momento?

Se me hace muy difícil comprender que las y los profesionales de la educación no asumamos esta responsabilidad, incluso aunque no hubiera norma alguna que obligara a ello. Desde 1985, año en que comenzó en España el programa de integración, ha habido tiempo suficiente para mentalizarse, formarse, exigir recursos, modificar edificios, flexibilizar los diseños curriculares…, como para que en 2018 todavía nos estemos quejando de ratios, apoyos, etc. Evidentemente, tendremos que seguir reclamando todo lo necesario para funcionar mejor, para ofrecer cada día respuestas más idóneas al alumnado, pero eso no obsta para que se vuelquen todos los esfuerzos en lograr la igualdad de oportunidades de toda nuestra población estudiantil.

Que, en ningún caso, alguien pueda quedarse sin opciones de llegar a estudios superiores, a realizar su proyecto de vida, por las trabas que pudieran aparecer en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. Está en nuestras manos evitarlo.

2 Comments

  1. Excelente el artículo por las reflexiones y evidencias prácticas que se debe solventar para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes con alguna discapacidad. En nuestro país, lamentablemente necesitamos recorrer mucho y crear conciencia en la población para mejorar el servicio educativo para este segmento de la población. Saludos Ma. Antonia

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